París.- La presidenta chilena, Michelle Bachelet, reafirmó hoy su compromiso con el proyecto de ley de intercambio de información bancaria que pretende cubrir los requerimientos de la OCDE en términos de transparencia y de acción contra los paraísos fiscales.
"Esperamos que sea una realidad en los próximos meses", señaló Bachelet en una conferencia de prensa en la sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), tras recordar que ese proyecto de ley fue enviado por su Gobierno al Parlamento, donde está en proceso de tramitación.
Preguntada sobre lo que piensa hacer Chile para ser borrado de una "lista gris clara" publicada por la OCDE en abril pasado cuando también dio a conocer los centros financieros que considera paraísos fiscales, la jefa del Estado dio cuenta de ese proyecto de ley, y de otro que su Ejecutivo también ha enviado al Parlamento sobre la responsabilidad penal de entidades jurídicas por cohecho.
"Teníamos conciencia de que teníamos que dar un paso más", admitió la presidenta, antes de indicar que también confía en que el segundo texto legislativo "se apruebe en la brevedad".
En cualquier caso, y parafraseando con humor a una embajadora chilena, insistió en que "Chile es un paraíso, pero no un paraíso fiscal".
El secretario general de la OCDE, Ángel Gurría, puntualizó que en el caso de Chile había sido incorporado -junto a Austria, Bélgica, Brunei, Guatemala, Luxemburgo, Singapur y Suiza- a la lista no de paraísos fiscales, sino de centros financieros que no han implementado "sustancialmente" sus compromisos para asumir los estándares internacionales.
Para Chile, la razón era la existencia de restricciones en los mecanismos de transparencia financiera pero "sólo" en el intercambio de informaciones bancarias, subrayó Gurría, que a continuación recordó que el proyecto de ley que tramita el Parlamento chileno tiene por objeto esa cuestión.
"Ese compromiso fue reconocido por la OCDE", añadió el secretario general.
En la misma "lista gris clara" en la que figura Chile, que es candidato a la adhesión -y podría materializarse a finales de año-, hay cuatro Estados miembros de la propia organización: Austria, Bélgica, Luxemburgo y Suiza.
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