Madrid.- La ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, y la presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, han escenificado hoy sus diferencias sobre la conveniencia de mantener o no la deducción por la compra de vivienda habitual entre mutuos llamamientos a la lealtad institucional.
Durante la inauguración del Salón Inmobiliario de Madrid (SIMA) 2009, Corredor ha vuelto a insistir en la necesidad de eliminar este incentivo fiscal para las rentas superiores a 24.000 euros, ya que considera que sólo ha servido para "elevar artificialmente el precio de la vivienda".
Por el contrario, Aguirre ha defendido su mantenimiento porque se trata de un estímulo a la demanda muy necesario para un sector en profunda crisis, motivo por el que la Comunidad de Madrid ha incrementado en un 20 por ciento la desgravación por adquisición de vivienda habitual, decisión que Corredor calificó la pasada semana de tomadura de pelo a los madrileños.
Frente al llamamiento de la ministra para que el sector inmobiliario se sume al nuevo patrón de crecimiento más sostenible que impulsa el Gobierno, la presidenta madrileña ha asegurado que el único modelo posible es aquel en el que las administraciones públicas "lejos de invertir directamente, superen las barreras a la a iniciativa privada" y apoyen a los emprendedores.
Asimismo, Aguirre se ha mostrado interesada en saber en qué va a consistir el nuevo modelo productivo sostenible propugnado por el Gobierno, ya que - ha dicho - conoce únicamente dos modelos económicos, "el soviético y el liberal occidental".
Por su parte, Corredor ha indicado que las "viejas recetas conservadoras" no han servido para facilitar el acceso a la vivienda de los colectivos más desfavorecidos, razón por la que ha defendido la lealtad institucional "como única vía posible de relación entre administraciones" y ha invitado a Aguirre trabajar juntas por un modelo económico más justo.
La presidenta madrileña ha aceptado la invitación y ha puesto como ejemplo de esa colaboración la firma del convenio para la puesta en marcha en Madrid del Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación (PEVR) 2009-2012, que asigna a la comunidad una inversión estatal de 1.300 millones de euros.
No obstante, Aguirre ha subrayado que esa colaboración no evitará que la Comunidad de Madrid muestre su oposición a las iniciativas con las que no esté de acuerdo, como ha hecho al plantear un recurso al Tribunal Constitucional por la ampliación a 30 años del periodo en el que no se pueden vender una vivienda protegida.
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