Bruselas.- La Comisión Europea propuso hoy una amplia reforma del modelo de supervisión financiera comunitaria, que incluye endurecer la vigilancia de las entidades y la puesta en marcha de un nuevo organismo, encargado de alertar en caso de riesgos para la estabilidad del sistema financiero en su conjunto.
El objetivo del Ejecutivo comunitario es evitar que se repitan en el futuro los fallos detectados durante la actual crisis y adaptar la supervisión a la evolución de los mercados, donde cada vez hay más entidades que operan en varios países y la interdependencia es mayor.
En la presentación de sus propuestas, que ahora deben discutir los Estados miembros, el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, recalcó que en ningún caso Bruselas plantea "centralizar la supervisión financiera" y dejó claro que las autoridades nacionales no perderán competencias.
La rueda de prensa en la que Durao Barroso y los titulares de Asuntos Económicos y Monetarios, Joaquín Almunia, y Mercado Interior, Charlie McCreevy, debían detallar su planteamiento tuvo que ser interrumpida poco después de comenzar, al dispararse la alarma de seguridad en la sede de la Comisión Europea, lo que obligó al desalojo del edificio.
Las propuestas de la Comisión han suscitado rechazo, incluso antes de su presentación oficial, sobre todo del Reino Unido, temeroso de perder el control sobre su potente sector financiero.
En su intervención ante los periodistas, Durao Barroso restó importancia a esas reticencias y se mostró convencido de que los líderes de los Veintisiete respaldarán el enfoque de la Comisión.
La propuesta de Bruselas será debatida por los jefes de Estado y de Gobierno de los Estados miembros en la próxima cumbre, los días 18 y 19 de junio, y si dan su visto bueno, el Ejecutivo comunitario comenzará a preparar los textos legislativos más detallados.
La principal novedad es la creación de un Consejo europeo de riesgos sistémicos, un órgano de vigilancia macroprudencial que deberá emitir alertas y recomendaciones -no vinculantes- en caso de amenazas para la estabilidad financiera.
En este organismo participarían el presidente y vicepresidente del BCE, los gobernadores de los bancos centrales de todos los Estados miembros, así como los presidentes de las nuevas autoridades de supervisión europeas (de bolsa, seguros y bolsa), un representante de la Comisión Europea y también de los supervisores nacionales.
En principio, al frente del Consejo se situaría el presidente del BCE y, para despejar las dudas de los países que no forman parte del euro -que no están representados en el BCE-, el vicepresidente tendría que provenir de un país de fuera de la moneda única.
El otro pilar del nuevo modelo se centra en la supervisión microfinanciera y plantea el establecimiento de un Sistema europeo de supervisores, formado por tres nuevas autoridades, con presupuesto propio, responsables del sector bancario, asegurador y bursátil.
La vigilancia de la actividad diaria de las entidades -por ejemplo en lo referido al cumplimiento de las exigencias de capital- seguirá en manos de los supervisores nacionales, dado que la responsabilidad financiera en caso de quiebra continúa siendo exclusiva de las autoridades del país, recalca Bruselas.
Se establecerán, sin embargo, equipos de supervisores para vigilar a las entidades transfronterizas, en tanto que las nuevas autoridades europeas -con representantes de los 27- se encargarán de fijar reglas comunes para la supervisión, mejorar la coordinación entre los órganos nacionales y mediar en caso de desacuerdo entre éstos.
Además, las tres nuevas autoridades serán responsables de la supervisión de algunas entidades puramente trasnacionales, como las agencias de calificación de riesgos y las cámaras de compensación centralizadas.
La Comisión plantea que los presidentes y secretarios generales de las tres autoridades sean profesionales totalmente independientes y que su nombramiento, para mandatos de cinco años, requiera el respaldo del Parlamento Europeo.
Bruselas quiere adoptar estos cambios de manera urgente -"es ahora o nunca", subrayó Durao Barroso-, para que puedan entrar en vigor ya en 2010.
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