Santiago de Compostela.- El Gobierno gallego aprobará "en la primera quincena de junio" la ley que reduce a la mitad los impuestos autonómicos que gravan la vivienda, una vez que cuente con el informe del Consejo Económico y Social, según ha informado hoy en un comunicado.
Según indica la Xunta, de esta manera cumplirá el compromiso del presidente del Ejecutivo gallego, Alberto Núñez Feijóo, para rebajar a la mitad en los "cien primeros días" de gobierno el impuesto de actos jurídicos documentados y el de transmisiones patrimoniales para menores de 36 años y familias numerosas.
De este modo, según la Xunta, se beneficiarán más de 67.000 familias y unos 500.000 gallegos.
El PSdeG denunció hoy que el Ejecutivo gallego está sumido en la "parálisis" y como muestra señaló que aún no ha cumplido ninguna de las medidas de "alivio" fiscal comprometidas en campaña.
Según el portavoz socialista en el Parlamento, Xaquín Fernández Leiceaga, el anuncio hecho durante la última sesión plenaria sobre la rebaja de los impuestos autonómicos que gravan la vivienda es "pura política informativa sin nada detrás".
"Lo único que aprobó el Consello de la Xunta fue un informe previo, pero no un proyecto de ley. No se inició ningún trámite, sino que se generó una noticia sin nada detrás", lamentó Fernández Leiceaga.
El Gobierno gallego asegura, además, que ha aprobado "otras medidas económicas" como el Plan re-móvete, que prevé ayudas directas que oscilan entre 500 y 700 euros para la compra de un automóvil, y entre 1.000 y 1.500 en el caso de vehículos industriales ligeros para autónomos, microempresas o pymes vinculadas a los sectores punteros de la economía gallega.
La Xunta indica también que tramita ayudas financieras a los ganaderos dentro del reglamento de mínimis, acompañadas por un convenio con las entidades financieras, para que éstas posibiliten el acceso a préstamos por un importe similar al "pago único".
Por otra parte, el Ejecutivo gallego rechaza las críticas del PSdeG a la reducción de la Administración periférica, ya que supondrá un ahorro, según la Xunta, de casi cuatro millones de euros al año y "sólo afecta a los altos cargos y, en ningún momento, a los empleados públicos ni a la prestación de servicios".
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