Apelan a la colaboración para evitar fallos en la protección a las mujeres víctimas de violencia

Santa Cruz de Tenerife.-  La consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda, Inés Rojas, apeló a la colaboración entre administraciones para nunca tener que decir que falló el sistema de protección a las mujeres víctimas de violencia.

Rojas, que compareció ante la comisión parlamentaria a instancias del grupo Socialista, indicó que es preciso que las administraciones se sienten para mejorar el sistema y estimó que la violencia de género no puede convertirse en una guerra de datos y en un reproche entre las administraciones.

Estos reproches, dijo la consejera, hacen que se distraiga la atención y se olvide que el maltratador es el enemigo y no otro.

Rojas recordó que en 2009 ya se han registrado en Canarias dos víctimas mortales por la violencia de género que, constituye, dijo el mayor indicador de desigualdad y de déficit democrático de una sociedad.

Aludió Rojas al protocolo de actuación suscrito entre el Gobierno de Canarias, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, la Fiscalía, la Delegación del Gobierno, los cuerpos de policía local y el Consejo Canario de Colegios de Abogados para la atención de las mujeres víctimas de violencia de género.

La consejera destacó que a través de este protocolo se coordinan desde las distintas administraciones las actuaciones de cada departamento y se establece cómo llevarlas a cabo y resaltó la unidad de acción que ello supone.

Indicó que el 70 por ciento del presupuesto del Instituto Canario de la Mujer se destina a combatir la violencia de género a través de cinco ejes de actuación diferentes.

Entre estos figura el mantenimiento de la red canaria de servicios y centros de atención a mujeres víctimas de violencia de género, en la que, dijo, ha disponibilidad de plazas y se puede hacer frente a situaciones urgentes.

Recordó que estos centros se atienden de acuerdo al convenio suscrito con los cabildos insulares con los que desarrolla el Sistema Social de Prevención y Protección Integral de las mujeres frente a situaciones de violencia de género y subrayó que el convenio tiene una vigencia hasta el año 2010 y en él se invierten más de 48 millones de euros.

Entre otras medidas, Rojas destacó la pronta puesta en marcha del observatorio canario contra la violencia doméstica, que facilitará conocer mejor la situación para mejorarla.

Se refirió a la petición del Gobierno de Canarias, y aceptada por el Gobierno central, de que en el seno de la UE se cree un observatorio similar y apuntó que en 2008, 900 mujeres murieron en países comunitarios víctimas de violencia de género, 90 en España y nueve en Canarias.

Indicó que mientras exista una sola mujer que sufre violencia, el trabajo que realizan las administraciones es insuficiente.

En respuesta a una pregunta parlamentaria, Rojas también se refirió a la publicación de la Guía para la Atención a las Mujeres Víctimas de Violencia de Género, dirigida, entre otros, a las personas que deben intervenir en la atención a las víctimas.

Eulalia Guerra, del grupo Socialista, dijo que es preocupante e irresponsable que no se haya evaluado los programas de prevención y erradicación en la violencia de género ni los planes de igualdad y temió que no se esté dando la misma importancia a los trabajos de prevención que a los de actuación sobre las víctimas.

Guerra valoró los recursos existentes pero echó en falta medidas educativas y de apoyo psicológico así como otras medidas preventivas.

Sigfrid Soria, del grupo Popular, apoyó los cinco ejes de actuación que se están llevado a cabo desde el ICM pero subrayó que esto no será suficiente mientras existan casos de violencia, se preguntó si no es posible otro tipo de medidas de control sobre agresores y apuntó a la educación como factor determinante para la prevención.

José Izquierdo, de CC, señaló que la violencia de género es inaceptable y dijo que el esfuerzo para luchar contra esta lacra social es superior a la media nacional.