La matriculación en los colegios reaviva las sospechas de fraude

Madrid.-  Falsas alergias, empadronamientos engañosos y hasta divorcios fingidos. Para algunos padres no hay reparos a la hora de conseguir plaza en el colegio deseado. Cada mes de mayo, con las listas de admitidos, reaparecen las reclamaciones y las sospechas de fraude de familias cuyos hijos han quedado fuera.

En poblaciones y barrios donde todos se conocen hay padres que recurren a las delegaciones de Educación para que se verifiquen los datos del padrón, el engaño más habitual en colegios concertados. Otros terminan acudiendo al juzgado.

Las argucias se repiten cada curso. El Justicia de Aragón cree que las sanciones que se aplican no son disuasorias, la Generalitat de Cataluña ha endurecido las normas -los hijos de padres tramposos perderán la plaza en el curso siguiente, si han empezado las clases- y en Andalucía se tramitan demandas para que se reconozca la libre elección de centro, en su mayoría religiosos.

No hay datos contrastados, pero "cada año cientos de familias se quedan sin el colegio elegido, y produce mucha frustración", explica a EFE Luis Carbonel, presidente de la Confederación Católica de Padres de Alumnos (CONCAPA). "Los padres incumplen la legalidad, pero hay que comprender por qué pasa: no hay plazas concertadas para todos", justifica.

El problema, para José Antonio Poveda, asesor jurídico de la Federación Española de Religiosos de la Enseñanza (FERE-CECA), es que "hay un porcentaje de población que quiere un determinado modelo de enseñanza o de centros, y la administración educativa no atiende esa demanda", así que "los ciudadanos se buscan la manera. Se juegan la educación de sus hijos".

Las posibilidades de fraude han ido disminuyendo, agrega. Trampas tradicionales como la falsa declaración de la renta han desaparecido porque los datos fiscales se piden a la Agencia Tributaria. "Pero hay otras (como empadronar al niño con un familiar, o en un piso alquilado hasta que ha sido admitido, y enfermedades dudosas) que se escapan", reconoce el asesor de la FERE.

ALERGIAS SOSPECHOSAS

"Sé que está fatal lo que voy a preguntaros, pero ¿conocéis algún alergólogo o endocrino dispuesto a hacer un certificado médico de alergia a un niño?. Conozco a varias personas que solicitan plaza en el mismo colegio que yo y ya tienen uno, así que no quiero estar en desventaja...", escribe una madre en un foro en Internet. Hay que destacar que todas las respuestas recriminaban su actitud.

El baremo para asignar plaza en colegios públicos y concertados se fija por las comunidades autónomas atendiendo a la proximidad del domicilio o lugar de trabajo de los padres, los hermanos ya matriculados, la renta, alguna discapacidad o la condición de familia numerosa.

Pero en Aragón, Cataluña y Madrid, las intolerancias alimentarias o problemas endocrinos que necesitan dieta pueden inclinar la balanza en caso de falta de plazas. Y Andalucía otorga puntos extra a las familias monoparentales.

Son casos extremos, pero el pasado abril, un juez de Familia de Sevilla denegaba la petición de una mujer en trámites de separación de obtener un certificado sobre el lugar de trabajo de su ex marido, al considerarlo una maniobra "fraudulenta" para lograr plaza en un centro religioso concertado. La madre, que tiene la custodia del niño, acreditaba su residencia en un municipio a 15 kilómetros de la ciudad.

"Hay parejas que han presentado demandas de separación y es mentira", admite el asesor de la FERE. "¿Pero, cómo lo controlas?. Los centros no tienen forma, salvo comprobar que la documentación aportada es la que pide la normativa. Ninguno, ni público ni concertado, tiene medios para combatirlo, ni es su función".

La situación lleva a unos padres a investigar a otros. Los ciudadanos, señala a EFE una portavoz del Justicia de Aragón, donde en las últimas semanas han llegado 25 quejas, afirman que no les han dado el colegio concertado o público de carácter bilingüe que habían pedido, y que otros mienten para conseguirlo.

"Pero, a la hora de denunciar, tienen dificultades", añade. "Hay que probar las irregularidades, obtener unos datos del padrón o de la tarjeta sanitaria de otras familias por medios alegales, a través de algún amigo en el ayuntamiento. Incluso, se plantean contratar un detective, pero cuesta entre 7.000 y 9.000 euros".

Para el Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, el fraude persiste porque las sanciones, hoy por hoy, no son disuasorias. El padre que es descubierto pierde la plaza asignada, pero es que tampoco la habría obtenido de forma legal.

ELECCIÓN DE CENTRO

La Administración "va tomando medidas, pero sigue habiendo picaresca", dice a EFE Pedro Rascón, presidente de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (CEAPA), mayoritaria en la escuela pública. "En los centros públicos el proceso es más transparente. En los otros hay hasta puntos trampa, por antiguos alumnos y otras circunstancias, que dejan la decisión en manos del colegio".

"A veces se acusa a los centros de fraude en la admisión, pero es injusto", insiste el asesor de la FERE José Antonio Poveda.

En su opinión, las denuncias de padres contra padres son la punta del iceberg de un problema más grave: "atender la preferencia de las familias". En definitiva, "la libertad de elección de centro, con un ideario determinado".

El abogado sevillano Diego Laffón atiende estos días consultas de padres que no han conseguido plaza en centros religiosos de provincias andaluzas. Lo usual es que la Junta asigne otro colegio, normalmente público, pero los demandantes piden que se reconozca el derecho a acceder a la escuela elegida y que se comprueben los datos aportados por otros alumnos.

Ya hay sentencias judiciales que reconocen ese derecho, aunque comporte un aumento del número de plazas por aula (ratio). "Da igual si el pleito dura varios años, no se mete prisa", explica a EFE el abogado, ya que el juez suele acordar, como medida cautelar, la escolarización de los niños en el colegio elegido.

"Un mal sistema provoca que la gente se defienda con medios ilícitos", opina Rafael Caamaño, secretario general de la Confederación Española de Centros de Enseñanza en Andalucía (CECE-A). "Con una planificación de las enseñanzas concertadas de acuerdo con lo que demandan las familias, se solucionaría", asegura.

Un planteamiento del que discrepa Pedro Rascón, presidente de la CEAPA. "Si el dinero que se gasta en conciertos se invierte en potenciar la enseñanza pública, la cosa sería diferente", afirma. "Lo que hay que hacer es que los centros públicos sean de calidad contrastada, tengan suficiente fama y una campaña de imagen para recuperarlos como centros de calidad que son".