Washington.- La Organización de Estados Americanos (OEA) y las Naciones Unidas (ONU) mostraron hoy su preocupación por las recientes declaraciones del Gobierno venezolano contra el canal de televisión Globovisión y otros medios privados en ese país.
Ambos organismos señalaron en un comunicado conjunto que las declaraciones de las "más altas autoridades" del Ejecutivo de Venezuela "generan un ambiente de intimidación en el cual se ve seriamente limitado el derecho a la libertad de expresión".
Así lo expresaron en un comunicado el Relator de la ONU para la Libertad de Opinión y Expresión, Frank La Rue, y la Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, Catalina Botero
La Rue y Botero recordaron a las autoridades venezolanas que al igual que tienen el deber de hacer cumplir la ley y el derecho a responder las críticas que consideran injustas o engañosas, tienen la obligación de respetar la libertad de expresión, en particular la independencia editorial.
En este sentido, subrayaron que los funcionarios públicos tienen que "respetar la circulación de informaciones y opiniones, incluso, cuando éstas son contrarias a sus intereses y posiciones", así como, "promover la tolerancia y la diversidad de ideas y opiniones".
Los relatores hicieron un llamamiento al Gobierno de Hugo Chávez a mantener la plena vigencia del derecho a la libertad de expresión y a proteger las garantías internacionales en los procesos contra los medios de comunicación privados, en este caso, contra Globovisión.
El Ejecutivo de Venezuela acusó a Globovisión de acudir al "terrorismo mediático" y al "discurso de odio" con "fines desestabilizadores" después de que la cadena retransmitiera una noticia sobre un sismo que afectó a algunas ciudades, antes de que se produjera la información oficial.
Durante la trasmisión, el director del canal señaló que no tenía información sobre la existencia de daños graves y criticó el hecho de que no se hubiere dado oportunamente información oficial.
El Gobierno venezolano alega que la cobertura del temblor generó "desconfianza del colectivo en las instituciones oficiales" y la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) abrió una investigación que le puede acarrear el cierre durante 72 horas del canal de TV e incluso la "revocación" de la concesión de transmisión por parte del Estado, según los abogados de la cadena.
Los relatores recordaron que los Estados "deben garantizar que los procesos administrativos o las facultades reguladoras no impliquen actos de censura indirecta motivados por la línea editorial del medio".
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