Valladolid.- Los ayuntamientos y diputaciones que reciban las subvenciones anunciadas por la Junta de Castilla y León para fomentar la contratación de trabajadores desempleados tendrán que "justificar los pagos" y acreditar de este modo que se han acogido a las condiciones fijadas por la Administración regional.
El Consejo de Gobierno de Castilla y León ha aprobado hoy un acuerdo que establece las condiciones en que se aportarán estas subvenciones y desarrolla el decreto ley con el que se agilizó el destino de los 125 millones de euros del denominado Plan de Convergencia Interior, que estaban pendientes de uso.
El portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez, ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo que "lo lógico" es que las entidades locales utilicen "convenientemente" los fondos adjudicados, como ocurre con el resto de subvenciones, aunque tras ser preguntado por la prensa ha puntualizado que "si lo usan mal tendrán que devolver el dinero".
Las actividades subvencionadas pondrán realizarse hasta el 15 de mayo de 2010 y las entidades locales deberán justificar los pagos derivados de esta actividad "antes del 1 de julio de 2010", aunque en el caso de la línea habilitada para el pago de deudas se podrán aportar facturas anteriores a la aprobación de estas ayudas.
Estas ayudas, respaldadas por un pacto político suscrito por el PP y el PSOE, ofrecen subvenciones a municipios de menos de 20.000 habitantes y a las diputaciones, a las que deben llegar los fondos "lo antes posible", en palabras del portavoz de la Junta, quien ha remarcado que la "contracción económica" actual provoca que "no se puede esperar".
De este modo, los ayuntamientos pueden suscribir a partir de ahora convenios con la Junta de Castilla y León para disponer del 100 por ciento de los fondos que les correspondan en el reparto, que prima a los municipios con más población a fecha de 1 de enero de 2008 y, especialmente, a aquellos que tienen más ciudadanos sin empleo, según los últimos datos de abril.
Unos 112,5 millones de euros se repartirán entre 2.233 municipios de menos de 20.000 habitantes, mientras que los restantes 12,5 millones se distribuirán entre las diputaciones para la realización de proyectos que afecten a varias localidades.
Las ayudas que se ciñen a la contratación durante al menos seis meses de personas empadronadas en Castilla y León al menos desde hace dos años y que, preferentemente, no cobren ningún tipo de subsidio ni prestación, se gestionarán a través de las gerencias provinciales del Servicio Público de Empleo, cuyos profesionales deberán seleccionar a los trabajadores.
Sin embargo, el acuerdo establece que en el caso de no existir candidatos, las entidades beneficiarias, excepcionalmente y previa autorización de la gerencia, podrán contratar directamente a desempleados, siempre que se encuentren inscritos en el Servicio Público de Empleo de Castilla y León en la fecha de formalización del contrato.
La modalidad de contrato de trabajo que se utilizará será la contratación conocida como por obra o servicio.
Las actuaciones que se financien con cargo a estas dos últimas líneas deberán realizarse preferentemente en los sectores que la propia norma recoge tales como servicios comunitarios públicos y tareas de interés social, forestal y medioambiental, y turístico y de conservación del patrimonio cultural.
De Santiago-Juárez ha explicado que los convenios con los ayuntamientos y las diputaciones se formalizarán durante las próximas semanas y que, para ganar en operatividad, el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, delegará su firma para agilizar el trámite.
El municipio que más fondos recibirá será Benavente (Zamora), con 1,8 millones; seguido de Béjar (Salamanca), con 1,5 millones; Villaquilambre (León) y Santa Marta de Tormes (Salamanca), con 1,4 millones; Ciudad Rodrigo (Salamanca), con 1,3 millones; Astorga (León), con 1,1 millones, y Arroyo de la Encomienda (Valladolid), con 1 millón de euros.
En cuanto a las diputaciones, la de León será la que más fondos reciba, con 2,6 millones, seguida de Salamanca con 2 millones, Valladolid con 1,7 millones, Zamora con 1,3 millones, Ávila y Burgos con 1,1 millones, Segovia con un millón, Palencia con algo más de 894.000 euros y Soria con 516.366 euros.
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