Quito.- Unos 300 ecuatorianos participaron hoy en una marcha de protesta organizada por el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), la mayor central obrera del país, contra las últimas regulaciones a los contratos colectivos aplicadas por el Gobierno.
El presidente del FUT, Mesías Tatamuez, que encabezó la manifestación, aseguró a Efe que la medida pretende hacer frente a regulaciones que, según él, menoscaban los derechos laborales.
Tatamuez aseguró que la posición de las centrales sindicales se entregará hoy a la Comisión Legislativa (Parlamento), pero advirtió de que la demanda también se le dará a conocer a la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
"Queremos que se respete el derecho laboral, el derecho a la libre organización, el derecho a la libre contratación colectiva", apuntó el líder sindical, tras advertir de que teme que, con las regulaciones del Gobierno, se afecten derechos adquiridos por los trabajadores.
Tatamuez insistió en que el FUT presentará unos recursos ante la OIT, así como a otras organizaciones internacionales que defienden los derechos humanos.
Además, el presidente del FUT confirmó que el próximo 27 de mayo se convocará a una protesta general en el país contra las regulaciones aplicadas por el Gobierno del presidente Rafael Correa.
Durante la manifestación, decenas de trabajadores increparon al Gobierno por las regulaciones laborales aprobadas y pidieron a la ciudadanía defender el derecho al trabajo.
En pancartas, los sindicalistas exigieron "respeto a la organización" sindical, así como a la estabilidad en sus puestos de trabajo.
La movilización sindical fue pacífica y los agentes de policía se limitaron a acompañar la marcha que recorrió varias calles del centro de la capital hasta llegar a la sede de la Asamblea Nacional Legislativa.
El presidente Correa firmó el pasado 30 de abril un decreto para regular ciertos supuestos "abusos" en contratos colectivos, especialmente de entidades públicas, que contenían, según él, exagerados privilegios.
El decreto 1701 elimina los "cargos hereditarios", los fondos complementarios de jubilación, el pago de vacaciones para familias de los trabajadores y la gratificación o beneficios adicionales por separación o retiro voluntario del trabajador.
Correa, al justificar esas medidas, puso como ejemplo el caso de la empresa petrolera estatal, Petroecuador, donde denunció la existencia de indemnizaciones de más de 600.000 dólares a trabajadores que habían renunciado.
El decreto de Correa también prohibió los días festivos no establecidos en la ley, jornadas laborales inferiores a las 8 horas diarias, el pago de bonificaciones por antigüedad, así como la entrega de obsequios por la acumulación de años de servicio en entidades públicas.
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