Washington.- El director del FBI, Robert Mueller, consideró hoy que el traslado de presos de Guantánamo a suelo estadounidense puede acarrear una serie de riesgos para el país, aunque sean recluidos en prisiones de máxima seguridad.
Mueller compareció ante un comité de justicia en el Congreso, en el que fue preguntado por la posibilidad de que alguno de los 240 presos que permanecen en la base militar de Guantánamo (Cuba) sean trasferidos a Estados Unidos cuando se cierre el penal.
El presidente Barack Obama firmó el pasado enero, dos días después de jurar su cargo, una orden ejecutiva para cerrar la base de Guantánamo en el plazo de un año, sin embargo, no está claro qué sucederá con los detenidos.
El Senado de Estados Unidos negó hoy al presidente Obama los 80 millones de dólares que había pedido para el cierre del penal, después de que los líderes demócratas decidieran no apoyar al mandatario, hasta que explique qué sucederá con los extranjeros allí detenidos.
Mueller señaló la preocupación del FBI por las acciones que puedan realizar en apoyo al terrorismo desde suelo estadounidense, como financiación o proselitismo en favor de la radicalización de otras personas.
El director de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por su sigla en inglés) hizo también referencia al "potencial riesgo de que puedan participar en ataques a Estados Unidos".
Mientras tanto, la subsecretaria de Defensa estadounidense para asuntos políticos, Michele Flournoy, instó a los miembros del Congreso a reconsiderar su oposición a aceptar a los detenidos en EE.UU., indicó la prensa local.
Según The Hill, la subsecretaria señaló que el cierre de Guantánamo implica "decisiones difíciles para todos", pero dijo que mientras Estados Unidos está pidiendo ayuda a sus socios, también tiene que asumir su parte.
La secretaria consideró que los legisladores tienen que pensar de una forma más "estratégica".
"Estamos pidiendo a nuestros aliados que hagan su parte y nosotros también tenemos que compartir la carga", dijo Flournoy, quien se mostró optimista de que tanto Europa como Estados Unidos lleguen a un acuerdo.
El Gobierno tiene ahora que decidir qué hacer con los más de 240 presos que permanecen detenidos en la prisión militar de Guantánamo (Cuba), que Estados Unidos abrió en 2002 para mantener recluidos a los sospechosos de vínculos con el terror.
La Administración anterior, que encabezó el presidente republicano George W. Bush, estableció unos tribunales especiales para juzgar los casos relacionados con el terrorismo, cuya legalidad fue puesta en entredicho por las organizaciones de derechos humanos.
Estas organizaciones consideran que no respetan los derechos fundamentales de los acusados, algunos de los cuales han permanecido encerrados durante seis años sin ser juzgados.
El problema que se plantea ahora es en qué situación quedan los detenidos y cómo se resolverán los casos, ya que en el supuesto de que sean trasladados a EE.UU., los abogados podrán pedir que queden sujetos a las leyes estadounidenses plenamente y recurran sus casos ante Cortes Federales tal y como reconoció el Tribunal Supremo en junio del año pasado.
Sin embargo, según el juez federal John Bates, los presos podrían permanecer detenidos en el penal militar indefinidamente y sin cargos.
Bates recordó en un dictamen que el Congreso autorizó al presidente en los días posteriores a los atentados del 11 de septiembre el encarcelamiento de cualquier sospechoso de terrorismo.
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