MADRID.- El tribunal de la Audiencia Nacional que juzgó al general Vicente Navarro y a otros dos oficiales por las identificaciones erróneas de las víctimas del accidente del Yak-42, que costó la vida a 62 militares españoles el 26 de mayo de 2003, notificará hoy, martes, su sentencia.
Así consta en una providencia dictada el pasado jueves por la sala, que está encabezada por el presidente de la Sala de lo Penal, Javier Gómez Bermúdez, y de la que también forman parte los magistrados Manuela Fernández de Prado y Nicolás Poveda.
La sentencia, que no se dará a conocer en lectura pública, se notificará en dos partes: a partir de las 13.30 horas a la representación legal de los tres imputados --el general de Sanidad Vicente Navarro, el comandante José Ramírez y el capitán Miguel Sáez-- y media hora más tarde al Ministerio Fiscal, la Abogacía del Estado y los procuradores de las partes personadas en la causa.
Según fuentes jurídicas, los tres magistrados llevaron a cabo en los últimos días cinco reuniones deliberatorias que se han centrado en determinar si la actuación de los tres militares, tipificada por el fiscal como un delito de falsificación de documento oficial, fue intencionada o se limitó a una imprudencia grave.
HASTA SEIS AÑOS DE CÁRCEL
El fiscal, Fernando Burgos, solicita cinco años de cárcel para Navarro, que se encargó de elaborar la lista de los 62 fallecidos, y cuatro años y medio para los dos médicos que llevaron a cabo los informes de necropsia, el comandante José Ramírez y el capitán Miguel Sáez. A todos ellos les imputa un delito de falsedad en documento oficial por llevar a cabo la "invención" de 30 identidades.
Las familias de las víctimas, que ejercen la acusación particular, solicitan de tres a seis años de cárcel por el mismo delito y reclaman al tribunal que investigue "quién dio" a los acusados "la orden" de repatriar los cadáveres para celebrar el funeral de Estado dos días después del accidente. Uno de sus abogados, Diego Sarabia, reclamó ayer que se determine quiénes fueron "los autores intelectuales" de la "pronta repatriación" de los cuerpos, al considerar que de ella obtuvieron un "beneficio político".
El juicio, que contó con la declaración de una veintena de testigos en las nueve sesiones en las que se ha desarrollado, comenzó el pasado 24 de marzo con la declaración del general Navarro. El principal acusado admitió que pudieron "bailarle" nombres y números en la relación de cadáveres que elaboró tras la catástrofe, aunque atribuyó los posibles "errores" a las autoridades turcas. Ramírez y Sáez, por su parte, se limitaron a señalar que siguieron las órdenes de su superior y que nunca dudaron del procedimiento que estaban llevando a cabo.
Los aspectos esenciales del testimonio de Navarro fueron contradichos en la séptima jornada de la vista por dos forenses turcos que participaron en las labores de reconocimiento, que aseguraron que el general "insistió en llevarse" los 30 cadáveres no identificados porque "el equipo español tenía que llegar al funeral que se iba a celebrar en España". Además, uno de los médicos, Bülent Sam, aseguró que Navarro estaba "consciente" pero "olía a alcohol".
No fueron, en todo caso, los únicos testigos que relataron las "prisas" de los responsables del Ministerio de Defensa por llevar a cabo las tareas de repatriación. En la segunda sesión, el teniente general José Antonio Beltrán, coordinador de los trabajos, reconoció que el ex ministro Federico Trillo le pidió que el traslado de los cadáveres se produjera "cuanto antes", mientras que el capitán enfermero Antonio González admitió que las tareas "se aceleraron" para poder llegar al funeral de Estado.
QUIÉN FIJÓ LA FECHA DEL FUNERAL
Otra de las preguntas que el juicio deja sin resolver es quién decidió que los funerales se celebraran dos días después del accidente en la base aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid). El general Luis Alejandre Sintes, jefe del Estado Mayor Ejército de Tierra (JEME) cuando se produjo el accidente, aseguró que esta decisión "dependió" del entonces presidente del Gobierno José María Aznar y de la Casa Real.
Su testimonio, que fue avalado por el general de Brigada Manuel Bretón, director del Gabinete Técnico de Trillo, contradijo el que realizó el también general Félix Sanz Roldán, que fue jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD) con el socialista José Bono. Éste aseguró que Alejandre le había reconocido que antes de la celebración del funeral propuso que los cuerpos mal identificados no fueran entregados a sus familiares hasta que no hubieran sido reconocidos.
El conocimiento de los errores en el Ministerio de Defensa unas horas después del accidente también fue avalado por el comandante jurídico militar Alberto Ruiz de los Paños, quien indicó que a los dos días del accidente comunicó a la Asesoría Jurídica del departamento dirigido por Trillo que 30 de los 62 cuerpos habían sido trasladados sin estar identificados. Por su parte, el cónsul español en Turquía, Ramón Ezquerra, reconoció que elaboró un documento manuscrito que pudiera sustituir los certificados de defunción y las licencias de enterramiento, que nunca llegaron a ser expedidas por las autoridades turcas.
EL "MACHAQUE PSICOLÓGICO" DE LAS VÍCTIMAS
En la tercera sesión del juicio tomaron la palabra las familias de las víctimas, que acusaron al 'ex número 3' de Trillo, Javier Jiménez-Ugarte, y a otros responsables del Ministerio de someterles a "amenazas" y a un constante "machaque psicológico" para que no pidieran cuentas por los posibles errores en las identificaciones. El hermano de uno de los fallecidos, Carlos Ripollés, denunció que Defensa trató a las víctimas "como a perros" e incluso quiso enterrar a sus allegados "de noche, como si fuesen terroristas".
A pesar de estos testimonios, el tribunal, presidido por el juez Javier Gómez Bermúdez, se negó en dos ocasiones a admitir el testimonio de Jiménez-Ugarte alegando que su actuación no es objeto de este procedimiento. Con este mismo argumento, los jueces de la Sección Primera de la Sala de lo Penal han rechazado las comparecencias de Aznar y Trillo, que las familias de las víctimas solicitaron de forma explícita al comienzo del juicio y sin citarles en la penúltima sesión.
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