Las Palmas de Gran Canaria.- El Fiscal Anticorrupción ha recurrido el auto del TSJC que rechazaba la denuncia del periodista Carlos Sosa contra el vicepresidente del Gobierno de Canarias, José Manuel Soria, por la supuesta comisión de delitos en el "caso eólico" y pide que se investiguen los hechos.
El fiscal Luis del Río señala que no existe "una mínima base probatoria" de que Soria pudiera estar o fuera artífice de esos delitos, pero indica que si surgieran indicios incriminatorios en la investigación, la Sala de lo Civil y Penal del TSJC sería la competente para la instrucción de la causa por su condición de aforado.
Del Río entiende que no es posible el rechazo total que supone la inadmisión de denuncia sin la práctica de diligencia alguna, por lo que solicita que se incoen diligencias por parte del Juzgado de Instrucción de Las Palmas que por turno corresponda.
Para el fiscal, en la denuncia del periodista aparecen expuestos diversos indicios sobre el uso de información privilegiada para intentar favorecer a determinados empresarios en la adjudicación de parques eólicos en el concurso convocado por la Consejería de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías en octubre de 2004.
En cuanto, al cobro de la supuesta dádiva por parte de Soria por el disfrute de un inmueble propiedad de la entidad Atlantic Buildingas SL, de la que es propiedad uno de los empresarios supuestamente implicados en la investigación, Luis del Río cree necesario que previamente se hubiera acreditado la falsedad de las facturas presentadas que se le imputan a su mujer, y no a la persona aforada.
Por ello, señala que no corresponde a la Sala de lo Civil y Penal instruir este hecho, salvo que surgieran nuevos elementos de prueba que implicaran a Soria.
Para el fiscal "resulta sorprendente" la condición que se fija en el contrato firmado entre el ex presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas José Manuel Arnaiz con Mediotec Inversiones SA y Promotora de Recursos Eólicos 2004 SL para participar en el concurso eólico, considerado lesivo por el Ministerio de Fomento, según consta en la denuncia del periodista.
Así, cuestiona que la Autoridad Portuaria decida presentarse al concurso con los estudios de la anterior empresa -a cambio de precio-para después convocar un concurso y, si ésta no resulta adjudicataria, pagar otro precio adicional, cuando en noviembre de 2004 la empresa pública Megaturbinas de Arinaga, de la que era titular la Autoridad Portuaria junto al ITC del Gobierno canario y una sociedad del Cabildo, decide no presentarse al mismo.
El objeto social de la empresa Megaturbinas de Arinaga era el aprovechamiento de las energías renovables, particularmente la eólica, y al parecer ya había hecho algún estudio al respecto, refiere el fiscal.
Añade que en la denuncia se presenta copia del contrato y se hace mención de estos hechos en la sentencia del Juzgado de lo Penal número 4 de Santa Cruz de Tenerife cuando transcribe lo relatado por un testigo en una Comisión del Parlamento de Canarias.
También se relatan ciertas reuniones, tanto en las dependencias de la Autoridad Portuaria como en las de la Consejería de Industria, cuyo titular era Luis Soria, y viajes que van en la misma dirección argumental, que aunque en la denuncia no se aporta documentación sí se mencionan testigos que podrían corroborar dichos hechos, señala del Río.
Además, refiere que estos hechos no fueron investigados en el procedimiento por Tribunal Jurado seguido por el Juzgado de Instrucción Número 7 de la capital grancanaria, cuyo objeto era diferente.
Dicho procedimiento recuerda que se encuentra en fase intermedia y versó sobre un caso de corrupción en el entorno de la Dirección General de Industria del Gobierno de Canarias, donde no fueron imputados ni investigados policial ni judicialmente, los denunciados por el periodista.
El periodista denunció, además de al vicepresidente del Gobierno, a su mujer, a su hermano, el ex consejero de Industria Luis Soria, y al ex presidente de la Autoridad Portuaria José Manuel Arnáiz.
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