LONDRES.- Westminster vive estos días una de las peores crisis de su historia. El rotativo The Daily Telegraph se ha propuesto desenmascarar los gastos que los diputados pasan a las cuentas del erario público y día tras día sus crónicas hacen rodar cabezas. Ninguna de las formaciones políticas ha conseguido salir ilesa. Mientras los parlamentarios aseguran que han actuado bajo las normas, el ciudadano se echa las manos a la cabeza al enterarse de que el sistema permite sufragar a costa del contribuyente reformas de pistas de tenis, televisiones de plasma y hasta comida para mascotas. Los analistas aseguran que es "urgente" una reforma total y advierten que será "más que complicado" que los votantes vuelvan a confiar en sus representantes a corto plazo. El escándalo se produce a tan sólo unas semanas de las elecciones locales y los comicios europeos. Las encuestas vaticinan una auténtica catástrofe y el fin definitivo para los laboristas.
A continuación se ofrecen las claves que explican la polémica paso a paso:
Todos aquellos que cuentan con silla en la Cámara de los Comunes tienen derecho a un máximo de 24.000 libras anuales en concepto de "gastos de segunda vivienda" para poder ejercer sus funciones. Muchos de ellos no tienen casa en la capital británica y necesitan de estas dietas cuando se requiere su presencia en Westminster. El problema ha venido cuando se han aprovechado del sistema y personas que están cobrando 140.000 libras al año han pasado al erario público facturas de jardinería, cambio de muebles sin venir a cuento o incluso chocolatinas por valor de 3 euros. Los afectados aseguran que cada uno de estos gastos estaba aprobado por el Parlamento, pero el ciudadano que se pregunta hasta qué punto es necesario cambiar dos veces de baño en un mismo año o comprarte una televisión de plasma para ejercer las labores de diputado. Por lo tanto, su actuación no llega a ser ilegal como tal, pero se considera completamente inmoral y ha provocado auténtica crispación entre la sociedad.
Las reglas permiten al parlamentario pasar las minutas de abogados, pagos de los impuestos inmobiliarios, los costes de la mudanza, los electrodomésticos y el mobiliario. El problema es que la mayoría de los diputados se han aprovechado de sistema para su beneficio personal llevando hasta el límite las ventajas del mismo.
Todo el mundo sabía que el sistema estaba completamente viciado y necesitaba una reforma de manera urgente. El propio primer ministro Gordon Brown anunció antes del escándalo que las reglas de juego debían cambiarse. De hecho, una Comisión Independiente Parlamentaria estaba analizando cada detalle. Los resultados de su investigación se esperaban para 2010, pero la situación ha obligado a tenerlos listos a finales de este año.
Una de las "trampas" más utilizadas por los parlamentarios consistía en reformar casas a costa del erario público presentándolas como "segunda vivienda". Una vez que éstas estaban completamente renovadas, las vendían a un precio mucho más alto del que las habían comprado y sacaban un jugoso beneficio económico para su propio bolsillo. El actual ministro de negocios, Peter Mandelson, es uno de los que utilizó estas triquiñuelas. Él asegura que sólo hizo las reformas que eran necesarias.
Los hay para todos los gustos. Por ejemplo:
Algunos han sido criticados más que por la cantidad del dinero, por la "cutrería", como David Willetts, titular de universidades, que gastó 111 euros en mano de obra para cambiar 25 bombillas de su casa o Cheryl Gillan, responsable de la cartera de Gales, que cargó 5 euros para comprar comida para su perro.
El periódico no hace públicos todos los nombres, pero asegura que algunos diputados pasaron las facturas de cubiteras por valor de 4 euros o Kit-Kat por valor de 3 euros.
En los mentideros aseguran que el periódico compró la información por 300.000 libras. En Reino Unido esta práctica está permitida, el problema es que supuestamente los datos fueron robados y los diputados dicen ahora que se ha violado su intimidad. De momento, no se ha tomado ningún tipo de medidas legales contra el rotativo.
Durante tres años, el Secretario de Estado de Justicia, Shadik Malik, pasó a las arcas públicas facturas por valor de 66.827 libras (75.000 euros) y aunque asegura que siguió todas las normas, el 'modus operandi' deja sus dudas. La mayor parte de los gastos iban destinados a sufragar una casa de tres habitaciones con toda clase de comodidades mientras él vivía en otra vivienda por la que pagaba tan sólo 100 libras semanales. La cantidad, extremadamente barata en el centro de Londres, estaba pactada con un casero que en el 2005 había tenido problemas con la Justicia por este tipo de trapicheos. Su caso no sólo ha enfurecido por el dinero, sino por su arrogancia. El diputado se niega a pedir perdón y asegura que no va a devolver absolutamente nada. Matizó eso sí que "como acto de buena fe" donará la televisión de más de 1.050 libras que el contribuyente ha pagado a una obra de caridad de su distrito. Brown ha puesto su caso en manos de una investigación independiente y, de momento, le ha obligado a dejar su cargo.
Además del secretario de Estado de Justicia, tanto Gordon Brown como el líder conservador David Cameron han obligado a algunos de sus diputados a renunciar a sus puestos después de que sus casos dejaran bastantes dudas sobre su legalidad.
Andrew MacKay, asesor del líder 'tory' renunció después de que saliera a la luz los gastos de 22.575 libras que pasaba al erario público como "segunda vivienda" al mismo tiempo que su mujer, también diputada conservadora, presentaba otra factura de 23.083 libras por otra casa de la que el matrimonio hacía uso. Los gastos fueron aprobados durante nueve años.
El laborista Elliot Morley fue suspendido del partido tras reconocer que había reclamado 16.000 libras en concepto de devolución de los intereses de una hipoteca que había vencido hacía 18 meses.
El laborista David Chaytor también fue suspendido de su pertenencia al grupo parlamentario después de ser acusado de pasar 12.000 libras de mensualidades de una hipoteca que estaba pagada desde hacía meses.
Todo indica que el presidente del Parlamento, Michael Martin, será la próxima víctima. Varios diputados de diferentes formaciones políticas preparan para esta semana una votación para echarle de la Cámara de los Comunes por carecer de confianza y respeto. Antes del escándalo, el conocido como Mister Speaker, ya era una figura controvertida después de que la prensa publicara el año pasado la factura de 600 libras en taxis que su mujer se había gastado durante un día de compras en la capital británica. Entonces, varios laboristas pidieron su cabeza y ahora el responsable del Parlamento ha visto el momento perfecto para devolverles las críticas. En vez de mediar y buscar soluciones para reformar el sistema, éste ha utilizado las sesiones parlamentarias para realizar acusaciones personales que han indignado a los diputados de todos los partidos.
El "premier" no pasaba por un buen momento político antes de tuviera lugar la polémica y el episodio ha servido para hundir aún más su popularidad. Las encuestan revela que de cara a unas elecciones sólo conseguiría un 22% de los votos, frente al 41% de los conservadores. Los comicios europeos y las elecciones locales que tienen lugar el próximo mes de junio servirán para tomarle el pulso, pero todo hace prever que el próximo año David Cameron se convertirá en el próximo primer ministro y los laboristas saldrán del poder después de doce años en Downing Street.
El líder de los conservadores se ha visto salpicado personalmente por la polémica. Aún así, su figura ha salido fortalecida, ya que ha logrado actuar con rapidez obligando a los suyos a devolver los gastos inapropiados demostrando ante el público su autoridad en el partido. Su manera de hacer frente a la situación ha sido la opuesta a Brown. Este último ha tomado las decisiones a remolque y sólo ha movido ficha después de que lo haya hecho la oposición.
Una ONG dedicada a investigar el mal uso del erario público llamada Txpayer Alliance ha emprendido una campaña para emprender acciones legales contra los diputados. De momento, Scotland Yard ha prometido un estudio que determine si hay delito en la actuación de los parlamentarios. Nadie confía en que finalmente tomen cartas en el asunto, ya que la reciente investigación que llevaron a cabo sobre la venta de títulos nobiliarios para financiar al Partido Laborista gastó cientos de miles de libras del bolsillo del contribuyente y finalmente no consiguió nada.
La Cámara Alta vive otro episodio paralelo. El rotativo The Times publicó en enero que algunos Lores estaban aceptando sumas de dinero que rondaban las 120.000 libras por cambiar determinadas leyes en beneficio de empresas privadas en las que trabajaban en algunos casos como asesores. Después de una exhaustiva investigación, una comisión especial ha recomendado ahora la suspensión de dos de estos cuatro lores acusados de aceptar chantaje. La Cámara de los Lores votará el miércoles si finalmente accede a una suspensión. De llegar a efectuarse sería el primer caso de estas características desde el siglo XVII. Sin duda, un episodio más que ayuda a desestabilizar la imagen de una institución que a día de hoy no goza de ningún respeto por parte del ciudadano.
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