Roma.- El presidente de la República de Italia, Giorgio Napolitano, criticó hoy a la "retórica pública que no duda en incorporar acentos de intolerancia o xenofobia", un día después de que la Cámara de los Diputados diera el visto bueno para que la inmigración clandestina sea delito.
"Aquí el riesgo de que estas diferencias (étnicas, religiosas y culturales) se traduzcan en un factor de exclusión está siempre presente, y agravado por la difusión de una retórica pública que no duda, también en Italia, en incorporar acentos de intolerancia o xenofobia", afirmó.
El jefe de Estado en unas declaraciones a la prensa subrayó la necesidad de iniciar "un nuevo ciclo de desarrollo" que no dañe "los niveles de equidad y cohesión social alcanzados".
Napolitano aseguró que para hacer frente a los "desafíos que provienen de la pobreza vieja y la nueva" no se puede responder únicamente con "la mera conservación y la defensa de los intereses nacionales".
El Gobierno italiano sometió ayer al voto de confianza de la Cámara Baja tres enmiendas incluidas dentro del proyecto de ley sobre seguridad, que abarcan el tema de la inmigración, la criminalidad y la seguridad ciudadana.
Esta ley prevé que la inmigración clandestina sea declarada delito y además se ampliará a seis meses el periodo de retención de los indocumentados.
La tipificación como delito de la inmigración ilegal no conllevará penas de cárcel, pero los inmigrantes podrán ser multados con cantidades que oscilarán entre los 5.000 y los 10.000 euros.
La norma establece además la obligatoriedad de denunciar a los inmigrantes ilegales que se encuentren en Italia.
Tan sólo los médicos que atiendan a estos inmigrantes y los directores de centros educativos quedarán exentos de esta obligación.
En materia de inmigración se prevén, además, penas de cárcel para los que alquilen una casa a un inmigrante sin papeles y la introducción de una tasa que oscilará entre los 80 y los 200 euros para los inmigrantes que soliciten o tengan que renovar su permiso de trabajo.
Este proyecto de ley también provocó ayer el rechazo de la Conferencia Episcopal Italiana (CEI), que denunció que con este proyecto de ley se ignora el objetivo de la integración social de los inmigrantes.
Por su parte, el ministro de Interior, Roberto Maroni, contestó a las críticas asegurando que se trata de "prejuicios infundados".
Maroni recordó que Italia está "en primera línea de la lucha contra la inmigración clandestina" y que invierte sus recursos para proteger "también a otros países europeos", por lo que mostró su deseo de que la UE tome decisiones que ayuden a "los países más expuestos en este frente".
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