MADRID.- El magistrado que instruye el 'caso Gürtel' en Madrid, Antonio Pedreira, impuso una fianza de un millón de euros al ex concejal del PP de Boadilla del Monte José Galeote tras imputarle participación en una trama y los delitos de asociación ilícita, cohecho, blanqueo de capitales, tráfico de influencias, fraude fiscal y falsedad, informó el TSJM.
Tras prestar declaración durante más de una hora, las fiscales Anticorrupción Miriam Segura y Concha Sabadell solicitaron al magistrado que se fijara al ex edil popular esta cuantía económica para asegurar las posibles responsabilidades pecuniarias que procedan del procedimiento penal. Esta decisión es susceptible de recurso.
Al termino de la comparecencia, Galeote expresó su confianza en la Justicia y en que "todo se aclare". "Se ha dicho lo que tenía que decirse a quien tenía que oírlo. Es lo único que puedo decir", manifestó el ex edil, acompañado de su abogada María Dolores Márquez de Prado. Preguntado sobre si estaba tranquilo, éste respondió: "perfectamente". "Estaría mejor si hubiera comido", bromeó.
El nombre del ex concejal, que es padre del eurodiputado implicado en la trama Gerardo Galeote, aparece en la contabilidad de la caja B de la sede de la empresa Special Events, en la calle Serrano. Por ejemplo, hay un apunte de marzo de 2002 de 111.206 euros entregados a José Galeote cuando era edil de Boadilla, puesto en el que se mantuvo durante doce años.
Según el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, las fechas en las que se produjeron los pagos por orden de Correa registrados en la caja B coinciden en el tiempo con el momento en el que Galeote era concejal en el Ayuntamiento de Boadilla. Garzón le acusa de haber recibido 612.506 de euros.
Según el juez, esta cantidad la habría obtenido de la empresa Special Events durante los años en los que estuvo como concejal de Boadilla del Monte. Una vez jubilado, los entonces alcaldes 'populares' de Boadilla, Majadahonda y Pozuelo de Alarcón --los tres consistorios sobre los que se asienta la trama-- nombraron a Galeote gerente del Consorcio Deportivo y de Servicios de la zona noroeste de Madrid.
Al frente de este cargo, el imputado habría obtenido otras cantidades, según las investigaciones. A través del Consorcio se creó la ciudad deportiva de Boadilla, cuya construcción se adjudicó a la empresa Hispánica --una de las investigadas en la trama-- gracias a la mediación del diputado imputado Alfonso Bosch, entonces gerente de la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda de Boadilla del Monte y miembro del Comité Regional.
EMPRESARIOS DE LA RED CORRUPTA
Por otro lado, Pedreira tomó también declaración a los empresarios Gonzalo Naranjo Villalonga y Eva María Sabio Villacorta por su vinculación a la trama de dádivas y sobornos. A ambos se les imputó los delitos genéricos, sin que la Fiscalía solicitara la imposición de medidas cautelares.
Entre otros, el TSJM mantiene como imputados a los diputados del PP en la Asamblea de Madrid Alfonso Bosch, Alberto López Viejo y Benjamín Martín Vasco. A los tres se les imputa participación en una trama y la comisión de delitos de asociación ilícita, cohecho, blanqueo de capitales, fraude fiscal, tráfico de influencias y falsedad.
Por ahora, Martín Vasco y López Viejo son los aforados madrileños con medidas cautelares impuestas. El pasado martes, Pedreira impuso a Martín Vasco una fianza de 955.000 euros para asegurar las responsabilidades pecuniarias que se deriven del procedimiento penal. Mientras que el pasado miércoles, fijó una fianza de 750.000 euros para López viejo. Según el TSJM, ninguno de ellos ha recurrido todavía la fianza establecida.
El Tribunal de Madrid considera que entre las actividades aparentemente ilícitas objeto de investigación aparecía la posible percepción por López Viejo, Martín Vasco y Bosch "de importantes cantidades de dinero en atención a sus actividades de mediación e influencia, con motivo de la adjudicación de contratos a varias empresas relacionadas" con Correa.
En el auto de inhibición, Garzón acusó a López Viejo, Martín Vasco y Bosch de haber cobrado 1,2 millones de euros en comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones fraudulentas a las empresas lideradas por el 'cerebro' de la trama Francisco Correa. El juez les imputó delitos de cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, falsedad y asociación ilícita.
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