Lima.- El Gobierno de Perú declaró el estado de emergencia (excepción) durante sesenta días en varias localidades selváticas de los departamentos de Loreto, Ucayali, Amazonas y Cuzco, donde se presentan protestas desde el pasado 9 de abril.
Un decreto publicado hoy en el diario oficial El Peruano señaló que la decisión suspende los derechos constitucionales referidos a la libertad de reunión y tránsito e inviolabilidad de domicilio.
La medida busca restablecer el orden público ante las violentas protestas de diversas comunidades de indígenas que, según la información oficial, han puesto en riesgo la producción, transporte y distribución de gas natural e hidrocarburos en el país.
En la medida han sido comprendidos los distritos de Echarate y Kimbiri, en la provincia de La Convención, en el Cuzco; Sepahua, en la provincia de Atalaya, en Ucayali; Napo, en la provincia de Maynas, en Loreto; Andoas, Pastaza, Morona y Manseriche, en la provincia de Datem del Marañon, Loreto, e Imaza, en la provincia de Bagua, Amazonas.
El Estado de Emergencia tiene por objetivo "la ejecución de acciones inmediatas destinadas a la reducción y eliminación de los riesgos existentes", explicó el decreto.
Las protestas han incluido la obstrucción de las vías de acceso a lotes petroleros, la expulsión de los trabajadores y amenazas para que se paralicen las labores de exploración y explotación de hidrocarburos.
Los indígenas exigen que se derogue una serie de decretos que consideran lesivos a sus derechos comunales y territoriales, un pedido que fue apoyado el último viernes por un grupo de obispos de la Amazonia peruana.
Nueve obispos señalaron que las polémicas normas "no aportan al desarrollo integral de la población amazónica" y que "por el contrario, surgen serias amenazas de mayor pobreza en la región".
Los religiosos pidieron al Gobierno y al Congreso peruano que dialoguen y busquen soluciones justas y pacíficas en favor de un desarrollo integral de la región, así como "la derogatoria de dichos dispositivos legales y contribuyan a la formulación de nuevas normas con la participación de las poblaciones amazónicas".
En la protesta se pide la derogación de la nueva Ley Forestal y de Fauna Silvestre y la Ley de Recursos Hídricos, que se considera que vulnera los derechos a la propiedad y el control de los recursos naturales de los indígenas.
Como parte de estas protestas, los indígenas cerraron tres estaciones de bombeo de la empresa estatal Petroperú, se tomaron un aeródromo y bloquearon varios ríos por donde se desplazan embarcaciones de petroleras, así como una carretera.
El viernes el primer ministro peruano, Yehude Simon, pidió a los indígenas que retomen el diálogo y no radicalicen sus protestas y adelantó que la Amazonia podía ser declarada en estado de emergencia.
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