Madrid.- Estados Unidos, Israel, China o Guatemala son algunos de los países que, bajo el principio de la jurisdicción universal, investiga la Justicia española, que abrió esta semana una nueva causa sobre la piratería en aguas de Somalia.
La Audiencia Nacional, con sede en Madrid, es el tribunal que lleva a cabo las investigaciones, trece en total.
Son muchas las querellas que diferentes asociaciones y colectivos han presentado ante los seis jueces de instrucción de este tribunal contra Gobiernos de distintos países por crímenes contra la humanidad, genocidio o torturas, pero la anterior Administración estadounidense de George W. Bush y el actual Ejecutivo chino parecen el objetivo preferente.
El centro de detención estadounidense de Guantánamo (Cuba) acumula dos de las causas, en una de las cuales el juez Baltasar Garzón investiga a los posibles "autores materiales, inductores, cooperadores necesarios y cómplices" de los presuntos delitos de torturas cometidos en esta prisión.
Garzón abrió la investigación a raíz de las denuncias de Hamed Abderrahman, "Hmido", conocido como el "taliban español", Lahcen Ikassrien, Jamiel Abdul Latif al Banna "Abu Anas" y Omar Deghayes, que tras haber estado recluidos en Guantánamo declararon que fueron torturados allí.
La segunda causa nació de una querella contra seis presuntos "responsables jurídicos" de la creación de ese centro, entre los que está Alberto R. Gonzales, principal asesor legal de la Casa Blanca en 2005, cuando se convirtió en fiscal general de Estados Unidos.
El juez Eloy Velasco debe decidir si la admite a trámite para lo que ha pedido a EEUU que le informe sobre si ha realizado alguna investigación de lo ocurrido en Guantánamo.
Otro juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz procesó en 2007 a los tres militares estadounidenses supuestamente implicados en la muerte del cámara de televisión español José Couso en Bagdad, en abril de 2003, aunque la Sala de lo Penal revocó su decisión.
Pedraz dirige también la investigación de los disturbios en Tíbet en marzo de 2008, y el pasado día 5 cursó una comisión rogatoria a China para interrogar como imputados a ocho responsables políticos y militares del actual Ejecutivo chino, entre ellos tres ministros.
Su compañero Ismael Moreno tiene abierta desde 2006 otra causa en la que investiga el supuesto genocidio perpetrado por el Gobierno chino en el Tíbet durante las décadas de los 80 y de los 90, además de otra querella presentada por el movimiento Falun Gong contra el líder chino Jia Qinglin por supuestos delitos de genocidio y torturas.
Moreno también instruye una querella de supervivientes españoles del Holocausto contra 4 miembros de las SS residentes en EEUU, a la que esta semana se unió una denuncia por la supuesta "inhibición" del Gobierno de Francisco Franco ante los crímenes nazis.
El juez Fernando Andreu tiene abiertas tres causas, una de ellas contra Israel por un ataque a la franja de Gaza en 2002 en el que murieron un líder de Hamás y 14 civiles; y otra contra 40 militares de Ruanda a los que acusa de la muerte de más de cuatro millones de ruandeses en los noventa.
Este magistrado está al frente de la última investigación de alcance internacional abierta por la Audiencia Nacional esta semana después de que el buque español "Marqués de la Ensenada", que participa en la misión de la Unión Europea contra la piratería en aguas de Somalia, apresará el miércoles a 7 presuntos piratas.
Andreu decretó su detención e ingreso en prisión a instancias de la Fiscalía, que un día después cambió de opinión y pidió su entrega a Kenia, país con el que la UE firmó un acuerdo para que los piratas apresados en las costas somalís sean juzgados allí.
El cambio de criterio de la Fiscalía obligó al juez a dejar en libertad a los piratas apresados, que se encuentran, junto con otros 7 capturados un día después, a bordo del barco militar español que viaja rumbo a Yibuti.
El juez, no obstante, manifestó su intención de mantener abierta la investigación.
Entre las causas más antiguas que investiga la Audiencia Nacional española están el asesinato de seis jesuitas en El Salvador en 1989, el genocidio cometido en Guatemala entre 1978 y 1986, además de la querella contra trece altos cargos marroquíes por delitos de genocidio y torturas por la desaparición de cientos de saharauis.
A la vista de que este tribunal es cada vez más "internacional", el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Dívar, se pronunciaba a favor de reformar algunos aspectos de la regulación de la jurisdicción universal.
"No nos podemos convertir en los gendarmes judiciales del mundo" o estar en un "conflicto diplomático diario", opinaba Dívar.
Pero, el Gobierno español no tiene de momento ningún proyecto para llevar a cabo esos posibles "ajustes procesales" que limiten el principio de la jurisdicción universal, según fuentes del Ejecutivo.
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