Asunción.- Un juez paraguayo decretó hoy la suspensión de la evaluación psiquiátrica de mañana del ex ministro del Interior Sabino Augusto Montanaro, quien regresó al país después de 20 años y afronta causas por violaciones de los derechos humanos.
El juez Digno Fleitas decidió posponer la diligencia que había autorizado en la víspera, a la espera de varios estudios médicos a los que está siendo sometido el ex político, de 86 años y que permanece internado en el policlínico de la Policía, en Asunción.
La suspensión se da en momentos en que perseguidos y familiares de desaparecidos durante la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989) exigen que no se lleve a cabo la evaluación mental, argumentando que la misma podría evitar la declaración indagatoria de Montanaro.
Según un primer análisis elaborado por Pablo Ernesto Lemir, director de Medicina Legal y Ciencias Forenses, y José Nicolás Lezcano, médico forense, ambos del Poder Judicial, el ex político "puede mantener una conversación en sus niveles más básicos, pero en cuanto se requieren niveles superiores del intelecto (memoria, asociación de ideas) presenta respuestas confusas".
Montanaro, que fue ministro de Interior de 1966 a 1989, la época más dura de Stroessner, se encuentra internado tras su sorpresiva llegada al país el pasado viernes luego de permanecer asilado durante 20 años en Honduras.
El ex político, aquejado de varias complicaciones de salud, fue derivado bajo arresto al policlínico tras ser sometido a un chequeo médico en un sanatorio privado.
Montanaro afronta causas por torturas, apresamientos ilegales y desaparición forzada de personas, algunas de ellas dentro de la Operación Cóndor, un sistema instaurado en las décadas de 1970 y 1980 por los regímenes militares en el Cono Sur para reprimir a sus opositores más allá de las fronteras de cada país.
La Comisión de Verdad y Justicia, que se encargó de investigar las violaciones de los derechos humanos cometidas por el régimen de Stroessner, indicó en su conclusión, divulgada el 28 de agosto de 2008, que al menos 59 personas fueron ejecutadas y otras 336 desaparecieron durante la dictadura.
Además, la Comisión situó en 128.076 el número de perseguidos a partir de 2.069 testimonios de supervivientes y familiares de desaparecidos.
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