Caracas.- La unicameral Asamblea Nacional (AN) de Venezuela aprobó hoy en segundo y definitivo debate una ley que pasa al control del Estado actividades petroleras complementarias que son ejercidas por firmas privadas, varias de las cuales serán expropiadas.
El Estado venezolano controlaba hasta ahora las actividades de exploración y producción, lo que quedó ampliado con la nueva ley, cuyo trámite recibió el pasado martes la clasificación de "urgencia reglamentaria" y se aprobó en primera discusión un día después.
El plenario de la AN, de 167 miembros, la mayoría afín al Gobierno del presidente Hugo Chávez, aprobó con ello la expropiación "total o parcial de las acciones o empresas" privadas de bienes y servicios "esenciales para la industria petrolera".
Ello incluye las actividades de inyección de agua, vapor o gas en los yacimientos e, incluso, el transporte de los trabajadores hacia los pozos petroleros.
Cuando la norma sea publicada en los próximos días en la Gaceta Oficial se identificarán las empresas que correrán esa suerte, las que luego deberán negociar las indemnizaciones respectivas, adelantó el ministro de Energía y Petróleo y presidente de la estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), Rafael Ramírez, al aprobarse la norma en el primer debate parlamentario.
La identificación de esas empresas constará en "una resolución ministerial" que pondrá en ejecución la llamada Ley Orgánica, que reserva al Estado Bienes y Servicios Conexos a las Actividades Primarias de Hidrocarburos, sostuvo.
"Estamos re-nacionalizando actividades que eran propias de la Nación y (...) que fueron privatizadas" a mediados de la década de 1990, antes de que Chávez asumiera el Gobierno, recordó Ramírez.
El ministro también confirmó que más de 4.000 obreros pasarán a la nómina de una "nueva empresa" estatal que creará el Estado tras las expropiaciones.
Es "precisamente en esos sectores" donde "se han presentado conflictos laborales debido a que las contratistas incumplen a los trabajadores todos sus beneficios", denunció el ministro.
"Cuando nosotros le pagamos a una contratista, ésta le paga a sus socios y acreedores y después, si le queda dinero, le cancela a los trabajadores", aseguró.
Ramírez también había adelantado que la nueva ley no afectará la contratación de taladros de perforación y que, además, blinda al Estado contra el arbitraje internacional, puesto que cualquier conflicto deberá ser ventilado en los tribunales nacionales.
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