Sebastián, obligado a rectificar el bono social eléctrico

Las presiones han sido intensas. ¿Cómo es posible que por el mero hecho de ser familia numerosa se congele la subida de la tarifa eléctrica y en cambio un matrimonio, con uno de los cónyuges en paro, y dos hijos tenga que asumir el alza del precio? Esta es una de las injustas situaciones que han provocado el rechazo, tanto por parte del sector eléctrico como por diversas organizaciones de consumidores, del publicitado bono social eléctrico.

El último Consejo de Ministros aprobó por fin, el pasado 30 de abril, la más reciente de las populares medidas 'made in Sebastian', que lo mismo puede resultar un éxito que un sonoro fracaso. El ministro de Industria se caracteriza por su creatividad a la hora de vender a los ciudadanos sus ideas envueltas en grandes titulares. Sin embargo su ocurrencia no ha podido con la presión. Le precedía el caos y el escándalo social que ha provocado la obligación de facturar mensualmente el consumo eléctrico y la fallida tarifa social, que premiaba a los que menos consumían sin valorar la composición del núcleo familiar. Así, un joven soltero con un buen sueldo pagaba menos que una familia de seis miembros y exiguos ingresos, al gastar menos. Pero el auténtico estallido lo protagonizó el cambio en el modelo de facturación que le enfrentó no sólo a la patronal, sino también a colegas como el relevado ministro de Sanidad y Consumo, Bernat Soria, cuando en enero de 2009 los recibos de la luz llegaron a duplicar las cifras de meses anteriores.

Pero esta vez, el propio Ejecutivo le ha animado a rectificar en menos de una semana. Hoy mismo se publica en el BOE (Boletín Oficial del Estado) el decreto ley en el que, entre otras medidas del sector, se aprueba el bono social. Carmen Monforte explica, documento en mano y con todo lujo de detalles en '¿Será realmente social el bono eléctrico?' en qué consiste la propuesta a la que el Ejecutivo ha dado luz verde.

Los 'premiados' con la bonificación no resultaban ser en todos los casos esos "colectivos vulnerables" para los que soportar una "carga mayor asociada a la eliminación del déficit de tarifa", tal y como reza el decreto, es difícilmente asumible. En principio, Industria no tenía en cuenta la renta para establecer el baremo. Las familias numerosas, los que tengan a todos sus miembros en paro, quienes cobren la pensión mínima y los consumidores con menos de 3kW de potencia contratada eran los únicos que figuraban en el texto que el remozado Ejecutivo firmó, unos 5 millones de hogares según se preveía en la nota de prensa. La patronal acogió el plan con "positiva resignación", una irónica manera de expresar el malestar. Tampoco a las asociaciones de consumidores les entusiasmó la propuesta.

Sin embargo, tras seis días de tiras y afloja en la sombra, el decreto ley recoge en el artículo 2 que "se establecerá un umbral referenciado a un indicador de renta per cápita familiar" para poder beneficiarse del bono social. Claro que, para no tener que descartar la valoración que sólo una semana antes María Teresa Fernández de la Vega se encargaba de transmitir desde Moncloa, y reconocer que esa no era la fórmula más acertada, en las disposiciones transitorias se mantienen los supuestos asociados a colectivos y consumo —sólo hasta que esté terminado el procedimiento—. Puede resultar una solución chapucera y contradictoria, pero la política es así de original.

El bono social pretende paliar el impacto negativo que en las economías domésticas supondrá la subida que a partir del 1 de julio experimentará la factura de la luz, añadida a la que se produjo a principios de año destinada a paliar el déficit de tarifa. Los agraciados con la bonificación tendrán congelada cualquier subida de la nueva tarifa eléctrica de último recurso hasta el año 2012. El presidente de la patronal eléctrica Unesa, Pedro Rivero, ha valorado en 1.000 millones de euros el coste del bono social para las compañías, una cantidad que pagaremos todos y cada uno de los españoles en nuestra factura de la luz.