La Muela (Zaragoza).- La Junta General de la Sociedad Urbanística de La Muela, que ha impulsado el desarrollo de la localidad, pretende ampliar los poderes ejecutivos de la alcaldesa María Victoria Pinilla, encarcelada por su posible implicación en una trama de corrupción urbanística en el municipio.
Así se ha conocido en la reunión que ha celebrado hoy la sociedad y en la que sólo han participado los cuatro concejales del PAR, ya que los de la oposición, uno del PP y dos del PSOE, han abandonado la sesión cuando la alcaldesa accidental, Ana Cristina Mateo, ha ordenado a los vecinos y medios de comunicación que desalojaran la sala.
Los vecinos y los periodistas han acudido al consistorio ya que, según la oposición, había sido convocado un pleno extraordinario y, por tanto, con acceso libre del público, pero el Gobierno municipal ha precisado que se trataba de una junta general de la sociedad.
Esta situación ha derivado en cierta tensión cuando Mateo ha dicho que tenían que abandonar la sala los vecinos, ante lo que muchos de ellos han pedido a los concejales del PAR que dimitieran, que es una "vergüenza" lo que están haciendo y que tenían derecho a saber qué estaba pasando en su pueblo, llegando alguno a comparar esta actuación con un "estilo Al Capone".
La actividad de la Sociedad Urbanística de La Muela se basa en la realización de estudios urbanísticos, explotación de obras, urbanización y promoción de solares en la localidad, y su gestora es la empresa Aranade, cuyo presidente, Julián de Miguel, se encuentra en libertad bajo fianza de 120.000 euros también por su posible implicación en la trama de corrupción.
Es una de las empresas investigadas por el juez de La Almunia de Doña Godina que instruye esta trama de corrupción, por la que están encarcelados, además de la alcaldesa Pinilla, el concejal Juan Carlos Rodrigo Vela y el empresario José Carlos Fernández Delgado, e imputadas otras 23 personas.
La Junta de la Sociedad pretende "conferir poder" a la alcaldesa María Victoria Pinilla y a los concejales Miriam Fajardo Oliván, Esteban Roberto Moya Mateo, Fernando Miguel Barba Marcén y Juan Carlos Rodrigo Vela, todos elegidos en la lista del PAR, para "parcelar y urbanizar fincas, solicitar la aprobación de planes parciales, polígonos de nueva construcción o urbanizaciones".
"Administrar bienes muebles e inmuebles; ejercitar y cumplir toda clase de derechos y obligaciones; rendir, exigir y aprobar cuentas", "reconocer, aceptar, pagar y cobrar cualesquiera deudas y créditos" y "librar, aceptar, avalar, endosar, cobrar, pagar, intervenir y protestar letras de cambio, talones, cheques y otros efectos", son otros de los poderes que se quieren dar a la alcaldesa y al concejal encarcelados.
Los concejales de la oposición del PP y del PSOE han considerado "desmesurados" estos poderes y han criticado que no se deje entrar a vecinos y a los medios de comunicación a una sesión municipal, teniendo en cuenta la situación "tan crítica" en la que se encuentra el municipio.
A la reunión de hoy han asistido, además de los concejales del PAR representantes de la empresa Aranade, entre ellos un hijo de Julián de Miguel, que está en libertad bajo fianza de 120.000 euros.
El ayuntamiento no ha informado de si la Junta General de la Sociedad Urbanística de La Muela ha aprobado finalmente la ampliación de competencias, que deberá, no obstante, recibir definitivamente el visto bueno del pleno municipal.
Por orden de la alcaldesa accidental, agentes de la Guardia Civil, que ha desplegado hasta ocho vehículos frente al consistorio, han pedido a los medios de comunicación que salieran del ayuntamiento para no interferir "en su normal funcionamiento".
El juez de La Almunia de Doña Godina, Alfredo Lajusticia, encargado de la instrucción del caso, denegó ayer la puesta en libertad de Pinilla, tal y como pedía su abogado, por considerar que existe "riesgo de fuga", por la "gravedad de los hechos imputados y peligro de destrucción de pruebas".
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