París.- Los diputados franceses vuelven a examinar a partir de hoy el proyecto de ley que pretende imponer "sanciones graduales" para las descargas ilegales de internet, tres meses después del fiasco que sufrió la mayoría de derechas hace tres semanas cuando la Asamblea Nacional rechazó el texto por sorpresa.
El proyecto de ley, que prevé la suspensión del abono a internet después de dos advertencias por haber descargado ficheros sin pagar derechos de autor, será debatido otra vez por el Parlamento, después de que el presidente francés, el conservador Nicolas Sarkozy, se haya implicado personalmente y haya lanzado un rapapolvo a sus diputados por haber dejado perder la votación del pasado 9 de abril.
Ese día la Unión por una Mayoría Popular (UMP), por el absentismo en vísperas de las vacaciones de Pascua, perdió la votación ante el Partido Socialista: de los 577 diputados, 15 se pronunciaron a favor del texto mientras 21 lo hacían en contra.
Sarkozy cargó contra sus parlamentarios, a los que calificó de "aficionados", y exigió al jefe del grupo UMP en la Asamblea Nacional, Jean-François Copé, que movilice esta vez a sus tropas para que el proyecto de ley sea aprobado con los menores cambios posibles, algo ahora previsto para el próximo 14 de mayo.
La ministra de Cultura, Christine Albanel, explicó hoy que ayer se había reunido con su grupo parlamentario y que había percibido "un fuerte apoyo", que "un 90 ó un 95%" de los diputados y senadores estaban con ella para sacar adelante este proyecto legislativo.
Una forma de quitar importancia a algunas voces que en la propia mayoría de derechas se han mostrado reticentes a la idea del dispositivo de sanción, que los socialistas critican por considerar que va a ser "una ley de excepción en Europa".
Ese dispositivo establece que el internauta que descargue ilegalmente un fichero sujeto a derechos de autor (música o películas principalmente) será advertido dos veces, la primera por internet y la segunda por correo postal, y en caso de persistir en su actitud se le cortará el abono a la web durante un periodo de entre dos y doce meses, aunque tendrá que pagarlo.
El sistema de sanciones podría chocar con una enmienda del paquete europeo de telecomunicaciones, que establece que no se podrá interrumpir la conexión de un abonado si no hay una decisión judicial.
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