Santiago de Chile.- Benita Monárrez, madre de una joven asesinada en Ciudad Juárez, acusó hoy a funcionarios de ejecutar esos crímenes y al Estado mexicano de encubrir a los culpables, tras declarar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, reunida en Chile.
"Nosotros pensamos que (los autores de estos hechos) son personas que están dentro del Gobierno", que sobornan a las autoridades a cambio de que estas encubran sus hechos, denunció Monarrés en la primera sesión de la Corte para analizar estos asesinatos.
En Ciudad Juárez, localidad al norte de México, fueron encontrados en noviembre de 2001 los cadáveres de ocho mujeres con signos de violación y malos tratos, de las cuales sólo se pudo identificar a tres, un hecho conocido como "caso del campo algodonero".
La Corte analizará hasta mañana el caso de esas tres víctimas, identificadas como Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monárrez, hija de Benita Monárrez, quien fue mutilada y asesinada cuando tenía 17 años de edad.
"Las autoridades siempre estuvieron amenazándome, diciéndome que si yo seguía investigando me podía pasar algo, que no me podían ayudar a buscar a mi hija porque si no le había pasado nada le iba a pasar", explicó la madre.
Su hija desapareció en septiembre de 2001 y su cadáver fue hallado el 6 de noviembre del mismo año, pero no le dejaron reconocerlo hasta cinco meses después y le advirtieron de que no politizara el caso, declaró Monárrez.
La madre denunció hoy que un judicial llamado Esteban Ramos acosó en varias ocasiones a su hija, y mostró su confianza en que la Corte condene al Estado mexicano por su presunta responsabilidad en la obstrucción del esclarecimiento de estos casos.
"Tengo mucha impotencia, pero también la firme convicción de que esta Corte va a hacer la Justicia que en nuestro país no hemos encontrado", afirmó Monárrez, quien tuvo que asilarse junto a su familia en Estados Unidos, donde obtuvo el estatus de refugiada.
Según explicó, "toda mujer en Ciudad Juárez, sobre todo siendo humilde, se siente desprotegida, porque ve que (las autoridades) no hacen nada" ante los más de 500 asesinatos de mujeres registrados desde 1993 en esa ciudad, limítrofe con El Paso (EE.UU.).
Las víctimas son hijas de mujeres "desamparadas, solteras, luchadoras y de bajos recursos, porque piensan que ellas no van a luchar", recalcó Monárrez, quien recordó a "las otras madres que no pudieron estar aquí, a las otras niñas que no pudieron levantar su voz".
En tanto, Sonia Torres, portavoz del equipo de abogados que defiende a los familiares de las víctimas, dijo a Efe que el testimonio de las madres "es parte de la reparación, porque en México no han tenido la oportunidad de expresarse ante un tribunal".
Los abogados buscan demostrar que las autoridades mexicanas "no han hecho lo suficiente para esclarecer los casos" a partir de datos y fechas sobre la denuncia, el hallazgo de los cadáveres, el registro de las pruebas, las cadenas de custodia y la investigación en su conjunto.
La Corte, que a partir de mañana investigará el homicidio de un ciudadano brasileño en 1998, abrirá un plazo de 20 días para que las partes presenten nuevos alegatos y posteriormente emitirá su sentencia final.
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