Caracas.- La decisión de Perú de otorgar asilo político al líder opositor Manuel Rosales, procesado por presunta corrupción en Venezuela, "no debería" afectar las relaciones entre Caracas y Lima, opinaron hoy analistas locales consultados por Efe.
Por otra parte, sectores afines al presidente venezolano, Hugo Chávez, criticaron la medida peruana en entrevista con Efe, al tiempo que dirigentes opositores la aplaudieron por "democrática".
Para el analista internacional Carlos Romero la decisión de otorga asilo político "es una facultad" que ha ejercido el Gobierno de Perú, por lo que, opinó, Caracas "no tiene derecho a patalear".
"Yo esperaría que el Gobierno aceptara como legal y legítimo, como debe ser, el otorgamiento de ese asilo", declaró Romero a Efe.
Puso como ejemplo que en 2002 Colombia otorgó asilo al entonces líder empresarial Pedro Carmona, quien se autoproclamó gobernante de facto durante el golpe de Estado que derrocó brevemente a Chávez en abril de ese año, y "no se afectaron las relaciones" bilaterales.
A juicio de Romero,el asilo otorgado al alcalde de Maracaibo "es una prueba más" para la región de la "situación particularmente frágil del estado de los derechos políticos" bajo el Gobierno Chávez, que ejerce una política de "acorralamiento" de la oposición.
Por su parte, el diputado oficialista Calixto Ortega dijo a Efe que en su "opinión personal, independientemente de que se esté o no de acuerdo, hay que asumir y respetar" la decisión del Gobierno del presidente peruano, Alan García.
"Sin embargo, creemos que el Gobierno de Perú no está enviando señales positivas en el combate a la corrupción al otorgar este asilo, por cuanto al señor Rosales se le está acusando por un delito en contra del patrimonio de la Nación", sostuvo Ortega.
El diputado oficialista rechazó la denuncia de Rosales de que es un "perseguido político" del Gobierno venezolano, con el argumento de que el líder opositor "fue una de los más de 280 personas amnistiadas por el presidente Chávez por su participación en el golpe" de Estado de abril de 2002.
"Ante todos los medios de comunicación apareció Rosales firmando el decreto (emitido por Pedro Carmona) de disolución de todos los poderes público (...) ese delito fue amnistiado por el presidente Chávez", dijo Ortega, uno de los 167 miembros de la Asamblea Nacional (AN), casi todos afectos al Gobierno "revolucionario".
Pero para Pablo Pérez, gobernador del estado de Zulia y pupilo de Rosales, el otorgamiento del asilo demuestra que Rosales es "un perseguido" del Gobierno "chavista".
"El Gobierno del Perú de manera democrática le otorga el asilo a Manuel en su tierra, algo que vemos de buena manera, con buenos ojos", añadió Pérez, del partido Un Nuevo Tiempo (UNT), en declaraciones a la prensa local.
Pérez recibió el Gobierno de Zulia de manos de Rosales, que está acusado por la Fiscalía de haber incurrido en presunta corrupción durante 2002-2004, cuando ejercía ese cargo.
El líder opositor y fundador del UNT ha sostenido que el caso en su contra es un "montaje" y ha argumento que así lo demuestran las expresiones del propio Chávez en octubre pasado, cuando declaró que estaba "decidido a meter preso a Rosales".
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