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Condenan a 16 años de cárcel a un ex gendarme argentino por la apropiación de bebés

EFE
Actualizado 23-04-2009 22:31 CET

Buenos Aires.-  Un tribunal de Argentina condenó hoy a 16 años de cárcel a un antiguo agente de inteligencia por la apropiación del hijo de una pareja que desapareció durante la última dictadura militar (1976-1983), informaron fuentes judiciales.

El Tribunal Oral Federal 6 de Buenos Aires consideró a Víctor Rei, ex comandante de la Gendarmería, culpable de la apropiación y sustracción de la identidad del hijo de Liliana Fontana y Pedro Sandoval, secuestrados en julio de 1977.

La mujer, embarazada de dos meses, fue al parecer llevada a dar a luz a la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), la principal cárcel ilegal de la dictadura.

El ex gendarme Rei anotó como propio al bebé, con el nombre de Alejandro, utilizando un certificado de nacimiento falso firmado por el ya fallecido cardiólogo Julio César Cáceres Monnié.

El juicio oral y público, que comenzó el 23 de febrero pasado, se constituyó en el primer caso que llega a la Justicia con base en resultados genéticos obtenidos mediante un allanamiento judicial, ante la negativa de Alejandro, que hoy tiene 31 años, a someterse a la extracción de sangre.

"Sólo quiero decir que mis hijos Gustavo y Alejandro fueron, son y serán los únicos amores de mi vida", dijo hoy el ex agente de inteligencia de la Gendarmería al pronunciar sus últimas palabras ante el tribunal federal.

Hasta el momento, las Abuelas de Plaza de Mayo, que actuaron como querellantes en esta causa, han logrado restituir la verdadera identidad de 97 jóvenes nacidos en cautiverio durante la dictadura.

Unos 3.300 jóvenes argentinos han acudido a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi) para investigar su procedencia, debido a que se calcula que unos 500 bebés fueron robados a sus padres en la denominada "guerra sucia".

Según cifras oficiales, unas 18.000 personas desaparecieron en Argentina a manos de grupos paramilitares durante el último Gobierno de facto, aunque las entidades de derechos humanos elevan la cifra de víctimas a 30.000.

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