Murcia.- El Juzgado de Instrucción número Siete de Murcia ha admitido la denuncia del juez Fernando Ferrín Calamita por presuntas coacciones contra el letrado José Luis Mazón, autor de la querella por la que fue condenado por un delito de retraso malicioso en la adopción de una menor por una mujer lesbiana.
Mazón, tras conocer el auto judicial, ha pedido la intervención del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).
El abogado Mazón, que ha presentado un recurso contra el auto del juez que admite la denuncia y lo cita como imputado para el próximo mayo, ha dirigido un escrito al TSJ en el que pide su intervención "porque la denuncia, de forma indirecta, imputa también al fiscal superior, que es una persona aforada".
En su denuncia, Ferrín recogía el contenido de una supuesta conversación mantenida entre su procurador de los tribunales, Antonio Rentero, que ha sido citado por el juez instructor como testigo, y el fiscal superior, Manuel López Bernal, según la cual éste habría propuesto a Mazón que retirara la querella contra el juez.
En el recurso presentado en el Juzgado de Instrucción, Mazón pide la nulidad de actuaciones y señala que aunque Ferrín dirige su denuncia expresamente contra él, del relato de hechos que hace se deduce que imputa "de manera directísima" al fiscal superior del TSJ de Murcia "con una partipación directa de coautoría en las imaginarias coacciones o extorsión".
Considera, por tanto, que el tribunal competente para investigar estos hechos sería la Sala de lo Civil y Penal del TSJ, y no un Juzgado de Instrucción.
Además, indica que hay "una falta notoria de apariencia de delito en una denuncia que, de ser ciertos los hechos, serían sólo una propuesta amistosa de arreglo de pleito muy ventajosa para Calamita".
En el escrito presentado en el TSJ, el abogado Mazón solicita que inste al Juzgado de Instrucción a que se inhiba a favor de la Sala de lo Civil y Penal, por ser el órgano competente.
Fernando Ferrín Calamita, magistrado juez de Familia de Murcia, fue condenado el pasado diciembre a la pena de dos años, tres meses y un día de inhabilitación por un delito de retardo malicioso en la adopción de una menor solicitada por la compañera de la madre biológica.
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