Barcelona.- La Policía Nacional ha desarticulado una banda dedicada a entrar ilegalmente en el país a inmigrantes marroquíes, en la que supuestamente estaría implicado un funcionario del Ayuntamiento de Santa Fe del Penedès (Barcelona), quien al parecer suministraba certificados de residencia falsos.
Este funcionario, que ha sido imputado por un delito de cohecho, aunque no ha sido detenido, facilitaba supuestamente -han explicado a Efe fuentes de la investigación- los certificados con los que la banda pretendía regularizar la situación de los inmigrantes ilegales que metía en el país.
Además, la Policía ha imputado por diversos delitos a otra persona relacionada con ese consistorio barcelonés, sin que haya trascendido su vínculo con esta administración, aunque se sabe que no ha sido detenido.
De momento, la Policía Nacional sí que ha detenido a cuatro personas: tres hombres marroquíes -que ya ha ingresado en prisión tras ser puestos a disposición del juez- y un ciudadano español, que formaban este grupo dedicado a entrar inmigrantes en España, quienes a su llegada al país eran encerrados en diversas viviendas hasta que sus familias pagaban los 8.000 euros acordados.
La banda ofrecía a los inmigrantes certificados de residencia expedidos por el ayuntamiento de Santa Fe del Penedès para que pudieran solicitar una residencia temporal por motivos de arraigo, ha informado la Policía Nacional.
La investigación que ha acabado con esta banda -que operaba desde un locutorio de la citada localidad- se inició a principios del año pasado tras detectarse un notable incremento del número de certificados de residencia que los ciudadanos marroquíes solicitaban desde ese ayuntamiento para regularizar su situación.
El modus operandi de la banda consistía en captar a personas de nacionalidad marroquí a quienes, por cantidades de dinero que oscilaban entre 1.000 y 1.500 euros, facilitaban la documentación necesaria para que pudieran regularizar su situación en España.
Además, la red organizada les facilitaba la entrada en España de forma ilegal en diversos tipos de vehículos (camiones, furgonetas y automóviles), a cambio de 8.000 euros, los cuales hacía efectivos la familia del ciudadano una vez confirmado que éste había entrado en España. Mientras tanto eran encerrados en viviendas en territorio español hasta que la banda recibía el dinero.
A los detenidos se les imputan los delitos de falsedad documental, favorecimiento de la inmigración ilegal, asociación ilícita, cohecho y detención ilegal.
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