MADRID.- El Gobierno de Estados Unidos está investigando posibles casos de malversación de fondos públicos procedentes del plan de rescate de 700.000 millones de dólares aprobados por la Casa Blanca para ayudar a salir de las crisis a las instituciones financieras y del sector del automóvil.
Así lo aseguró Neil Barofsky, inspector encargado del programa de alivio de activos problemáticos (TARP, por sus siglas en inglés), quien confirmó que su organismo ha abierto 20 investigaciones y seis auditorías internas para determinar si se está despilfarrando el dinero del plan del rescate.
Las investigaciones podrían acabar en procesos judiciales, explicó Barofsky a la cadena CNN, y subrayó que su intención es que los contribuyentes entiendan dónde va a parar su dinero, y al mismo alertar a las autoridades de los puntos débiles del TARP que podrían llevar a casos de fraude o corrupción.
El inspector ha elaborado un informe de 250 páginas en el que recoge las preocupaciones relacionadas con los esfuerzos que ha hecho el Gobierno para sostener a cientos de bancos, instituciones de Wall Street y fabricantes de coches con el dinero de las arcas públicas.
RECOMENDACIONES
"Nuestras recomendaciones miran hacia el futuro y no hay errores que no puedan resolverse. Lo que estamos intentando hacer es informar, ofrecer mayor transparencia y hacer recomendaciones que sean apropiadas", subrayó Barofsky.
En su informe también recomienda al secretario del Tesoro, Tim Geithner, que obligue a las empresas que estén recibiendo fondos públicos del plan de rescate a detallar en qué están invirtiendo el dinero y qué están haciendo para no tener que volver a ser rescatadas por el Gobierno.
Barofsky, que prestará declaración el jueves ante el Congreso, insistió en que su objetivo es informar al público de que hay alguien que está vigilando el proceso de rescate y que el programa de ayudas no es un "agujero negro".
El informe no ofrece detalles concretos sobre las investigaciones en curso, aunque precisa que hay abiertas dos auditorías sobre el rescate de la aseguradora AIG, que despertó las iras de los contribuyentes tras saberse que repartió más de 160 millones de dólares en primas entre sus ejecutivos.
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