El Congreso pide que el Gobierno dé 6 meses para retirar los símbolos franquistas

Madrid.-  El Congreso ha acordado hoy pedir al Gobierno, con los votos en contra únicamente del grupo popular, que suspenda las subvenciones a instituciones o entidades privadas, entre ellas la Iglesia, que en seis meses incumplan la retirada de la simbología franquista.

Esta es una de las medidas que el grupo parlamentario ERC-IU-ICV ha logrado sacar adelante esta tarde, después de que el Pleno del Congreso votara por separado cada una de las diecisiete medidas incluidas en una moción que ha defendido el portavoz de IU, Gaspar Llamazares, para impulsar la ley de la Memoria Histórica, que entró en vigor hace un año y medio.

Además, ha contado con los apoyos suficientes para instar al Ejecutivo a modificar los estatutos de la Fundación Gestora del Valle de los Caídos con el fin de que cumpla su finalidad de rehabilitar la memoria de todas las víctimas y para la elaboración de un mapa de fosas comunes y un protocolo de intervención en las exhumaciones.

Otra de los requerimientos que se solicitará al Gobierno es que se agrupen todos los fondos archivísticos relativos a este periodo en el Centro Documental de la Memoria Histórica, con sede en Salamanca.

Del conjunto de iniciativas planteadas en la moción, se han rechazado, entre otras, la puesta en marcha de una Fiscalía especializada y de políticas públicas para el fomento de la memoria democrática.

Estas dos medidas, junto a otra que pretendía asegurar una protección "integral" a los afectados por la dictadura y que tampoco ha sido respaldada, eran especialmente importantes para ERC-IU-ICV.

Durante el debate de la moción, el diputado del PP Jorge Fernández, ha planteado una serie de enmiendas -que Llamazares ha rechazado- para eliminar la restricción que establece la ley, según ha explicado, en cuanto a que sólo las asociaciones constituidas tres años y medio antes de su aprobación pueden realizar actividades relacionadas con la Memoria Histórica o recibir ayudas.

Jorge Fernández, quien ha afirmado que la mejor Ley de la Memoria Histórica es la Constitución, ha acusado al grupo proponente de pretender "reescribir" la historia, aparte de ocuparse de asuntos que, en este momento de crisis económico, no sintonizan con las preocupaciones de la sociedad.

CiU ha presentado una moción de sustitución, que tampoco ha apoyado Llamazares, cuya finalidad, ha señalado el diputado de este grupo, Jordi Xuclá, es que la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, acuda a la Cámara a explicar cómo se está aplicando la Ley y presente en un plazo de tres meses un plan de desarrollo de la normativa.

También quería, con su propia moción, que el Ejecutivo diera "instrucciones" al Fiscal General del Estado para impulsar la anulación de los juicios políticos.

Por parte del PNV, el diputado Aitor Esteban, ha señalado que todas las iniciativas que plantea ERC-IU-ICV tan sólo piden un "compromiso" del Gobierno y, de hecho, la moción "no va más allá de la ley".

Ha aprovechado su turno para criticar que el Ejecutivo no esté retirando placas u otros elementos franquistas y sí esté impulsando la eliminación de algunas placas, como la que conmemoraba el fusilamiento en 1975 de los etarras Txiki y Otaegi en Etxebarri (Vizcaya).

Esteban ha recordado que hasta que entró en vigor la Ley de Amnistía "todos estuvimos luchando contra Franco" y, por tanto, esa Ley "era el límite".

Entre tantas críticas a la aplicación de la Ley de la Memoria, el diputado socialista Daniel Fernández ha asegurado que ésta se está "desplegando" con normalidad y está dando respuesta a las demandas de las víctimas del franquismo y del conjunto de la sociedad.

La ley, de la que el PSOE se siente "especialmente orgulloso", ha dicho, compete a todas las administraciones, incluidas las comunidades y los ayuntamientos, y para su aplicación íntegra ha apelado a la responsabilidad de todos.