Madrid.- El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, ha asegurado hoy que al "caso Gürtel" le quedan "muchos años" y que, por ello, desconoce si el procedimiento, que no es "contra políticos", acabará en el Tribunal Supremo (TS).
Así se ha pronunciado hoy el fiscal general en un encuentro informativo organizado por Europa Press, después de que la Fiscalía Anticorrupción haya considerado que en el estado actual de la causa no procede elevarla al Tribunal Supremo y que, por tanto, los Tribunales Superiores de Madrid y Valencia son competentes para asumir la investigación sobre la supuesta trama de corrupción.
Respecto a la razón por la que la Fiscalía Anticorrupción no ve indicios contra aforados nacionales mientras que el juez Baltasar Garzón sí lo ha hecho, Conde-Pumpido ha recordado que el fiscal no aprecia que los indicios tengan las circunstancias que el TS exige y ha señalado que el Ministerio Público conoce mejor la jurisprudencia del TS.
La Fiscalía Anticorrupción -ha recordado- empezó con este trabajo muchos meses antes de que se judicializara y ha insistido en que se trata de una trama muy difícil de investigar y que está en una fase inicial.
También ha dicho que si la Abogacía del Estado decide personarse en la causa será para ejercer su derecho y que estaría perfectamente justificada mientras que, sobre la negativa de Garzón a aceptar la personación de PP en el caso, ha indicado que una institución tiene que acreditar para ello un perjuicio que no sea puramente político y que desconoce si ese partido tiene otras razones para ello.
Conde-Pumpido ha insistido en que la Fiscalía no adapta sus procedimientos a las corrientes mediáticas ni los fondos de sus resoluciones a las mayorías políticas, sino que actúa solo de acuerdo con la legalidad.
Durante su intervención, el fiscal general ha apostado por una reforma de la ley procesal penal que establezca un modelo verdaderamente acusatorio, en el que el Ministerio Público sea el responsable de dirigir la investigación para decidir si procede o no el ejercicio de la acción penal y en el que el juez sea el encargado de garantizar que no se vulneren los derechos de nadie, "esquema universal" que funciona en muchos países.
Conde-Pumpido ha asegurado que el modelo penal actual, al que ha calificado de último reducto del siglo XIX en la Justicia española, provoca problemas como, por ejemplo, que los ciudadanos acudan al fiscal denunciando que el juez, al investigarles, está vulnerando sus derechos, lo que "ha pasado hace poco".
Por ello, se ha preguntado si "queremos quedarnos solos" con la vieja divisa de "Spain is different" y ha destacado la necesidad de que los fiscales no sean "representantes del botijo español".
El fiscal general ha insistido que el problema de la Justicia penal no está en si la decisión de investigar o no, de enjuiciar o no, deba quedarse en manos del juez "cuya independencia nos ofrece absoluta confianza hasta que deja de gustarnos lo que alguno concreto hace, o pasa a un fiscal que es tremendamente sospechoso de parcialidad, salvo cuando nos conviene la decisión que adopta".
Conde-Pumpido ha recordado que el 75 por ciento de los procedimientos judiciales en España pertenecen a la jurisdicción penal y que sólo un 10 por ciento de ellos terminan en sentencia.
Ante estas cifras, el fiscal general ha considerado necesario un pacto de Estado para una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal que aporte seguridad jurídica al sistema.
Si quieres firmar tus comentarios puedes iniciar sesión »
En este espacio aparecerán los comentarios a los que hagas referencia. Por ejemplo, si escribes "comentario nº 3" en la caja de la izquierda, podrás ver el contenido de ese comentario aquí. Así te aseguras de que tu referencia es la correcta. No se permite código HTML en los comentarios.
Subir al principio de la página
Lo sentimos, no puedes comentar esta noticia si no eres un usuario registrado y has iniciado sesión.
Si ya lo estás registrado puedes iniciar sesión ahora.