Madrid.- Castilla y León recibirá 22,2 millones de 2009 de los 283,1 millones de euros que componen los fondos del nivel acordado, destinados a financiar los servicios y prestaciones de la Ley de Dependencia, de la que ya se benefician 23.000 habitantes de la comunidad.
Así lo ha anunciado el consejero de Familia y Política Social de la Junta, César Antón, al término de la reunión del Consejo Territorial de Dependencia, el primero que preside la ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez.
Durante el encuentro, Antón ha trasladado a Jiménez la necesidad de convocar un Consejo Territorial de Dependencia extraordinario cuyo único punto a debatir sea un análisis de situación de la financiación del sistema de atención a la dependencia.
También ha exigido un aumento de la dotación destinada a la dependencia, que este año se ha situado en 1.600 millones, un 79 por ciento más que en 2008, y ha reiterado que, a la hora de fijar los presupuestos, será necesario tener en cuenta el nuevo modelo de financiación autonómica.
Respecto a la reunión de hoy, que ha repartido los fondos correspondientes al nivel acumulado -que han ascendido a los 283,1 millones de euros, un 17,5 por ciento más que el pasado año- Antón se ha mostrado disconforme con el nuevo criterio de distribución.
Por primera vez, estos fondos establecen un 80 por ciento según el número de habitantes y un 20 por ciento en función de las personas atendidas ya.
De esta forma, el 80 por ciento de la partida total se distribuye según la población, la renta y las pensiones medias, la dispersión de la población, la superficie, la insularidad o los emigrantes retornados, mientras que el 20 por ciento restante se reparte según el número de personas atendidas en la actualidad.
El nivel acordado es una de las vías por las que las comunidades autónomas reciben la dotación de la Ley de Dependencia.
Las otras dos se corresponden con el nivel mínimo -financiación automática por beneficiario-, y el fondo extraordinario de 400 millones de euros para dependencia del Plan E.
Sin embargo, este nuevo criterio perjudica a Castilla y León, por lo que el consejero ha pedido que se mantenga el acordado unánimemente en el Consejo Territorial de Dependencia de 2007.
Como ha explicado Antón, el nivel acordado es el "esfuerzo" que tienen que cofinanciar las comunidades autónomas hasta alcanzar el coste de los servicios, los cuales no son todos iguales y dependen también de la población y el territorio.
Por ello, ha pedido que en el 20 por ciento destinado a dependientes que reciben ya su prestación se tenga en cuenta estos factores "correctores" de la dispersión y el envejecimiento.
En Castilla y León, ha concluido, ya han sido evaluadas 33.000 personas, de las que más de 23.000 están recibiendo ya las prestaciones de la Ley de Dependencia.
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