Barcelona.- El tripartito que gobierna la Generalitat (PSC, ERC e ICV-EUiA) ha actualizado hoy el Pacto de Entesa, su hoja de ruta, con la definición de sus prioridades y con "un toque de atención" implícito al nuevo Gobierno para que cumpla con los traspasos pendientes y la financiación.
El viceprimer secretario del PSC, Miquel Iceta, y los secretarios generales de ERC y de ICV, Joan Ridao y Joan Herrera, respectivamente, han explicado este mediodía el contenido del documento de actualización del pacto, que prevé medidas para afrontar la crisis económica, y también fija como plazo hasta final de año para desbloquear los traspasos de becas universitarias, aeropuertos, puertos y Cercanías de Renfe.
Los tres portavoces del tripartito han coincidido en señalar que, aunque el documento supone "un mandato" hacia el gobierno catalán para que aplique las nuevas propuestas, su repercusión "va más allá" porque la aplicación de alguna de ellas dependerá "del ritmo" de negociación y la receptividad del nuevo Gobierno.
Para Ridao, se trata de "dar un toque de atención" al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, a fin de que entienda que necesita acordar el nuevo modelo de financiación y acelerar los traspasos del Estatut para poder contar con estabilidad parlamentaria, pero para Iceta el documento sólo "dice lo que dice", si bien es verdad que "gobierne quien gobierne y con los ministros que sean, tenemos una ley, el Estatut, que hay que cumplir".
Según el portavoz del PSC, el acuerdo para actualizar el pacto y "renovar el compromiso político" demuestra "la cohesión, estabilidad, y la ambición social y nacional" que tiene el gobierno catalán, y ha asegurado que se ha hecho "desde el rigor y también el respeto" al papel del Ejecutivo, que "es el que tomará las decisiones".
Iceta ha explicado que el documento se entregará formalmente al presidente de la Generalitat el próximo martes, y ha recordado que algunas de las prioridades fijadas están pendientes de ser negociadas con el Ejecutivo del Estado, "por lo que no es una hoja de ruta en solitario, sino que la comparte con el Gobierno de España".
"Los adjetivos (utilizados por los socios) pueden no ser los mismos" a la hora de interpretar el texto -ha admitido-, "pero es un documento exigente con nosotros y con el Gobierno español".
Según Ridao, "si el Pacto del Tinell (del primer tripartito) fue un aviso a Aznar en plena deriva autoritaria y centralista del PP, éste quiere ser un toque de atención al Gobierno de Zapatero para que cumpla con Cataluña en una cuestión como la financiación".
Para ERC, ha indicado, es muy importante que en el texto se recoja un compromiso de mantener la "firmeza y determinación" del gobierno catalán en las negociaciones de financiación a fin de que el modelo se adecúe a lo que contempla el Estatut, y respecto a los traspasos ha subrayado la trascendencia que tiene que se hayan "priorizado" y "marcado en calendario" algunos de ellos.
También ha elogiado que en el texto se prevea "una respuesta unitaria y contundente" de las fuerzas políticas catalanas y de la sociedad civil "ante una eventual sentencia contraria al Estatut".
Por parte de ICV-EUiA, Joan Herrera ha puesto el acento en las medidas para afrontar la crisis económica que figuran en la renovación del pacto, y que "expresan un compromiso" con "las clases trabajadoras y los sectores más vulnerables", a fin de extender la cobertura de varias prestaciones sociales.
Según Herrera, esto evidencia que el Govern d'Entesa "tiene una fuerte sensibilidad social", pero también que la firmeza ante el nuevo sistema de financiación "no es un capricho", sino que "responde a la necesidad de poder garantizar las necesidades sociales".
Sobre el desgaste al ejecutivo catalán que puede comportar la crisis, Herrera ha reconocido que "todo gobierno puede tenerla", si bien "también supone una oportunidad para resolver problemas".
Herrera ha explicado que si en el texto se critica que la aplicación del estatuto es "excesivamente lenta", se debe a que el Gobierno español debe "desencallar" los traspasos pendientes, y con respecto a la financiación, ha apuntado que el ejecutivo catalán "tendrá que decir que no" si el sistema no es adecuado.
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