Caracas.- La defensa del líder opositor venezolano Manuel Rosales, quien está escondido tras denunciar una "persecución policial", pidió hoy que se cambie la fecha del 20 de abril fijada para la audiencia en la que se decidirá si sigue preso o en libertad el juicio en su contra por supuesto enriquecimiento ilícito.
Los abogados Magaly Vásquez y Morris Sierralta explicaron a los periodistas que solicitaron una fecha posterior porque la Fiscalía "ha negado" y ha entregado "incompleto" el expediente abierto contra el actual alcalde de Maracaibo, capital del estado Zulia (noroeste).
En previsión de que se rechace la petición y siga en firme la fecha fijada, Vásquez señaló que Rosales "nunca ha escapado a sus responsabilidades y tampoco ha desacatado un llamado cuando su presencia ha sido requerida".
Sin embargo, Omar Barboza, presidente del partido Un Nuevo Tiempo (UNT) al que pertenece Rosales, dijo el martes pasado que desde ese día éste se mantiene "resguardado" y que seguirá oculto "hasta que existan condiciones que le garanticen su adecuada defensa" y mientras no cese "la persecución policial" a la que denunció haber estado sometido.
Barboza reiteró que "no hay certezas de un juicio limpio" y que "entregar la libertad de Manuel Rosales en bandeja de plata" iría en "contra de la legalidad".
Un día después de su ocultamiento, Rosales fue autorizado por la Cámara Municipal de Maracaibo a ausentarse durante tres meses del cargo del alcalde y ocuparse exclusivamente de su defensa, lo que ha sido impugnado ante un tribunal administrativo por concejales opositores a su gestión.
El alcalde, que perdió frente Hugo Chávez en las elecciones presidenciales de diciembre de 2006, es un "perseguido político" del mandatario venezolano, quien "tiene secuestrados" a todos los poderes del Estado, ha insistido Barboza.
La jueza que lleva la causa en Caracas, Reina Morandi, decidirá si Rosales afronta el juicio en libertad o encarcelado, una vez que valore la acusación de la Fiscalía sobre un delito castigado con penas de prisión de entre tres y diez años.
Rosales fue imputado por la Fiscalía el 11 de diciembre de 2008 con base en un informe de julio de 2007 de la Contraloría General, que investigó su declaración jurada de patrimonio desde 2004 y detectó "fondos que no pudo justificar", según la acusación.
El proceso en sí arrancó el 13 de septiembre de 2004, luego de que el secretario regional del partido progubernamental Patria Para Todos (PPT), José Pirela, lo denunciara por la presunta adquisición de bienes inmuebles, directamente o a través de testaferros.
Adicionalmente, el entonces gobernador de Zulia y actual alcalde de la capital de ese estado fue investigado por la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional (AN), que en diciembre pasado lo acusó de otras supuestas irregularidades y lo declaró "políticamente" culpable.
El Legislativo le acusó de donar más de 300 vehículos de la gobernación de Zulia, de formar en Miami (EE.UU.), directa o indirectamente, empresas cuyos activos superan los 11 millones de dólares y de recibir sobornos para la adjudicación de obras.
Rosales ha rechazado todas las acusaciones y su partido ha remarcado que para la celebración de un juicio imparcial "sería necesario incluso anular la propia acusación" de la Fiscalía.
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