Sevilla.- La juez de lo Mercantil de Sevilla ha admitido 11 de las 216 impugnaciones al balance de la suspensión de pagos de la inmobiliaria Contsa, por lo que el informe final recogerá pocas variaciones respecto a las deudas iniciales reconocidas de 115 millones de euros con 1.653 afectados.
Fuentes del caso han informado a Efe de que el próximo 20 de abril se celebrará el juicio por la última de dichas impugnaciones, tras lo cual se aprobará el informe definitivo sobre la situación económica de la empresa y la juez decidirá si se reparten sus bienes por convenio de acreedores o por liquidación.
Contsa se encuentra en suspensión de pagos desde febrero de 2008 con 1.653 acreedores, en su mayoría pequeños inversores atraídos por la promesa de elevados intereses, y el informe de los administradores judiciales arroja un déficit de 86 millones de euros entre el activo de 28 millones y el pasivo de 115 millones.
Junto a esta vía mercantil, un juzgado mantiene abierta una causa penal por presunta estafa contra el dueño de la empresa, José Salas, encarcelado desde octubre de 2008, y otras siete personas.
De las 216 impugnaciones, 193 fueron presentadas por el dueño de la empresa y fueron rechazadas, y en otras once la parte que las había presentado desistió de continuar, a la vista de la respuesta de los administradores judiciales.
De las once restantes, en cinco casos los administradores judiciales aceptaron lo solicitado, en tres hubo una estimación parcial y en otros tres ha habido un acuerdo entre el reclamante y la administración judicial.
Por lo tanto, solo en once casos se modificará el balance judicial, han explicado las fuentes, que han precisado que se trata de cantidades poco significativas de entre 5.000 y 15.000 euros.
Los auditores judiciales han conseguido además que La Caixa devuelva a la masa activa del concurso 2.922.184 euros, más 130.281 euros de intereses, correspondientes a unos préstamos personales que concedió al dueño de Contsa y que garantizó con acciones propiedad de la empresa.
Al tratarse de una práctica no autorizada, La Caixa ha aceptado devolver a la administración judicial el importe de dichas acciones, aunque no ha sido ese el caso de Banesto, contra el que existe otra reclamación similar pendiente de juicio, según las fuentes.
También se encuentra pendiente de resolver en la Audiencia de Sevilla la apelación del dueño de Contsa contra la no admisión de sus 193 impugnaciones, pero se trata de una resolución contra la que no cabe recurso ante tribunales superiores, por lo que una vez resuelta se podrá abrir la fase de convenio o liquidación.
Una sociedad integrada por un centenar de afectados está convocando estos días a los restantes 1.653 acreedores para proponerles un convenio según el cual recuperarían el 50 por ciento de la inversión en cinco años, aunque para ello necesitan la representación del 51 por ciento de lo adeudado.
Los administradores concursales también han conseguido que el suegro de Salas devuelva a la empresa un todo terreno Land Rover que puso a su nombre en las semanas anteriores a la suspensión de pagos, así como un BMW X5 que puso a nombre de I.P., una administrativa de Contsa, amiga de la familia, que también está imputada en la presunta estafa penal.
Sin embargo, dos inversores se han negado a reintegrar a los fondos del concurso los 200.000 euros que cobraron en las semanas inmediatas a la suspensión de pagos y el próximo 7 de julio se celebrará el correspondiente juicio.
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