MADRID.- El ex jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra (JEME) Luis Alejandre Sintes propuso antes de que se celebraran los Funerales de Estado a las 62 víctimas del accidente del Yakovlev-42 que los cuerpos identificados fueran entregados a sus familias y que el resto se trasladaran a un tanatorio para que continuasen los trabajos de reconocimiento, según testificó hoy el teniente general Félix Sanz Roldán, jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD) desde junio de 2004.
Sanz Roldán, que compareció como testigo en la tercera jornada del juicio sobre las identificaciones erróneas del Yak-42, indicó que al tercer día de su función como JEMAD, el 29 de junio de 2004, el entonces ministro de Defensa, José Bono, le encargó que visitara a Alejandre para hacerle una serie de preguntas sobre la catástrofe aérea que éste consideraba "de interés".
En ese encuentro, Alejandre le contó que entre el día del accidente (26 de mayo de 2003) y el de los Funerales de Estado (28 de mayo de 2003) se celebró una reunión en una sala anexa al despacho del entonces ministro Federico Trillo en la que éste trasladó que "había recibido noticia de que no todos los cuerpos estaban identificados" y había propuesto que las víctimas reconocidas "se entregaran a los familiares" y el resto se trasladara a un centro funerario para "su identificación posterior".
El máximo responsable de la cúpula militar, que testificó a petición de las acusaciones particulares, no pudo concretar si Alejandre trasladó esta información en una reunión de la Junta del Consejo de Dirección del Ministerio de Defensa. "Creo recordar que citó este órgano pero no recordaba exactamente quiénes estaban sentados y creo que sólo se considera reunión si están todos los miembros del Consejo", afirmó.
Preguntado por unas supuestas manifestaciones de Alejandre en las que habría calificado de "aberración" el traslado de cadáveres sin identificar, aseguró que no le constaban estas palabras. De igual modo, aseguró desconocer que el comandante Ruiz de los Paños alertara a la Asesoría Jurídica del Ministerio sobre los errores en las identificaciones, como testificó ayer.
INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS
Sanz Roldán, que era general de División cuando se produjo el accidente, explicó que realizó una indagación "a iniciativa propia" en el Ministerio después de "recibir noticias" sobre posibles errores en la identificación, pero no una "investigación formal" en sentido estricto porque "no era su responsabilidad más de un año después" de la catástrofe.
Por ello, ni siquiera llegó a entrevistarse con el general de Sanidad Vicente Navarro, principal acusado en el juicio, ni con el coordinador de los trabajos de repatriación de los cadáveres, el teniente general Beltrán. Lo que sí hizo fue llamar a "todas y cada una de las familias cuyos deudos no habían sido correctamente identificados" para facilitarles esta información.
La Fiscalía pide al tribunal, presidido por el presidente de la Sala de lo Penal, Javier Gómez Bermúdez, que condene a cinco años de prisión al general médico Vicente Navarro, que se encargó de elaborar la lista de los 62 fallecidos; y a cuatro años y medio a los dos médicos que redactaron los informes de necropsia, el comandante José Ramírez y el capitán Miguel Sáez. A todos ellos les acusa de un delito de falsedad en documento oficial.
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