Washington.- El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) denunció hoy ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la "fragilidad" de las instituciones democráticas en el país, que consideran "directamente manipuladas" por el presidente del Gobierno, Daniel Ortega, y sus partidarios.
El Cenidh presentó este reclamo durante la celebración del 134 periodo de sesiones de la CIDH, un organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), en Washington.
Según los peticionarios de la audiencia, Norwin Solano y Bayardo Isabá, el rasgo más alarmante de la situación política nicaragüense es el "manejo directo y arbitrario" de la policía nacional por parte de Ortega.
"La policía se ha convertido en una institución de represión de los adversarios de Ortega, ya que tolera las acciones violentas de las fuerzas de choque gubernamentales y garantiza la impunidad de los simpatizantes del presidente", afirmó Isabá.
La raíz de este problema, señaló, está en el "patrón bicéfalo" que instauró el actual gobernante, líder del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), de acuerdo con el ex presidente Arnaldo Alemán (1997-2002), del Partido Liberal Constitucionalista (PLC).
Ambos políticos mantienen desde 1999 acuerdos que han permitido a ambas fuerzas, con mayoría en la Asamblea Nacional, reformar la Constitución y elegir por partes iguales a funcionarios en el Estado.
Según el Cenidh, ese acuerdo entre los dos partidos mayoritarios está difuminando los límites entre los poderes legislativo, ejecutivo y judicial.
"El ejemplo más claro es que, el año pasado, el presidente emitió cuatro decretos ejecutivos a través de los cuales se atribuyó funciones estrictamente legislativas", indicó Isabá.
Los peticionarios consideraron que la situación ha llegado a niveles de inconstitucionalidad que no se registraron ni siquiera durante las dictaduras de la familia Somoza, en el siglo pasado.
"Hasta ahora, todos los presidentes habían dirigido la policía nacional a través del Ministerio de Gobernación. Ortega es el primero que la maneja de manera directa", afirmó por su parte Solano.
Este control directo permite, continuó, la represión de "cualquier intento de mostrar el descontento social", incluso a través del sistema penal, con lo que criminaliza la acción política ciudadana.
"También afecta a la voluntad electoral, ya que las elecciones municipales de noviembre 2008 fueron las menos democráticas de la historia, con irregularidades, violencia y chantaje", añadió.
Iván Lara, consejero de la misión permanente de Nicaragua ante la OEA, rechazó las acusaciones de que exista una "policía de represión" en el país.
"El presidente de la República es quien nombra al Jefe de la Policía Nacional y, por tanto, está legitimado por la Constitución para darle órdenes directas", argumentó.
Según Lara, las acciones del Gobierno siempre se amparan en la Carta Magna, y los requisitos que ésta establece son la única base para nombrar a los magistrados y altos cargos del poder judicial, independientemente de su ideología.
Los peticionarios, que advirtieron que la situación en Nicaragua es "cercana a la eclosión social", solicitaron a la CIDH que realice una visita de trabajo al país.
Ante esta petición, el comisionado Felipe González señaló la necesidad de una invitación formal por parte del Estado, cuyos representantes en la audiencia se comprometieron a "valorar la posibilidad".
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