MADRID.- Antes de que finalice este año, el Gobierno se enfrenta a un nuevo reto europeo: debe adaptar la Ley del Comercio Minorista a la Directiva Bolkestein, que supone la eliminación de las trabas y controles administrativos que restrinjan, limiten o condicionen innecesariamente el establecimiento de superficies comerciales. Los expertos creen que esta normativa atraería la inversión y ayudaría a crear empleo, pero el Gobierno no las tiene todas consigo, ya que esto implica entrometerse en materias transferidas a las comunidades autónomas, y resucita la eterna lucha entre pequeños comercios y grandes superficies. El tiempo se agota y el Ejecutivo no se define, ¿volveremos a incurrir en una falta que deba ser 'castigada' por Luxemburgo?
Desde 2002, España acumula sentencias por incumplimientos de directivas europeas de temas tan variados como infracciones de evaluaciones medioambientales, derechos de autor y, sobre todo, cuestiones relacionadas con la libertad de establecimiento, donde las ilegalidades han sido frecuentes. De hecho, el principal escollo de cara a la transposición de esta Directiva consiste en 'limpiar de polvo y paja', a ojos de Bruselas, las regulaciones autonómicas en materia de comercio, muchas de las cuales han sido recurridas ante los tribunales nacionales y europeos por su barreras a la libre competencia.
Y es que la Ley del Comercio Minorista española, de 1996, encomendó a las comunidades autónomas la regulación detallada de esta normativa, dando paso "a un ordenamiento sectorial que impone serias restricciones y limitaciones a la libertad de establecimiento", como el régimen de horarios o la introducción de la licencia comercial autonómica —conocida como segunda licencia—, explica el abogado Cándido Paz-Ares, de Uría-Menéndez.
Como si de una gran torre de Babel se tratase, actualmente, todas las comunidades autónomas exigen licencias comerciales específicas para abrir un establecimiento, aunque unas son más restrictivas que otras. En muchos casos, se piden pruebas económicas basadas en estimaciones de oferta y demanda; y, en otros, hay valoraciones preferentes a las compras de productos de la propia región. Todo esto supone un obstáculo a la libre circulación y establecimiento de servicios, por lo que, a la luz de la normativa europea, "habrá que eliminarlos", asegura el presidente de Mercasa, Ignacio Cruz Roche.
Baleares, por ejemplo, lleva más de una década con una moratoria urbanística que impide que se construyan nuevos complejos comerciales. Cataluña, por su parte, ha estado más de once años sin conceder una sola licencia, decisión que acaba de cambiarse con el último plan de equipamientos comerciales, que no termina de satisfacer a Europa.
Lo mismo ocurre con el Plan Andaluz de Orientación Comercial, que condiciona el otorgamiento de las licencias al "balance comercial en el escenario actual" y "en el escenario futuro". Esto quiere decir que lo supedita "a la relación existente o presumible entre la oferta y la demanda", explica el letrado Jesús Alfaro, socio de CMS Albiñana y Suárez de Lezo.
Todo esto debería cambiar con la aplicación de la normativa europea. "El mensaje de la Directiva es que la ordenación del sector debe dejarse a las fuerzas del libre mercado y, por tanto, no cabe supeditar la licencia a acreditar la viabilidad económica del proyecto, ni a la evolución de la demanda, ni al estado de la oferta", afirma Paz-Ares. Con arreglo a Bolkestein sólo se podrá prohibir la apertura de un nuevo establecimiento enarbolando la bandera de la protección medioambiental y del entorno urbano, lo que liberalizará el mercado y abaratará los precios.
Así lo explica Javier García-Renedo, presidente de la Asociación Española de Centros Comerciales (AECC), quien considera que las trabas que se ponen al libre desarrollo de las actividades comerciales, suponen "menos competencia" y, por lo tanto, "precios más altos". En su opinión, "hasta ahora, el excesivo proteccionismo sólo ha servido para premiar a unos, los menos innovadores, en detrimento de otros, los más arriesgados", situando a España, junto a Italia, como "el país menos eficiente en el comercio minorista".
Es por ello que, contrariamente a lo que pueda pensarse, los expertos consideran que esta Directiva llega en el mejor momento. Para García-Renedo, "es muy oportuna, ya que las medidas liberalizadoras ayudan a salir de las crisis".
David Martínez, director de retail de la consultora Aguirre Newman, cree que esta legislación "puede venir bien para que grandes operadores realicen inversiones a corto plazo en el país, lo que supondría una inyección de capital y ayudaría a crear empleo", algo muy necesario con los tiempos que corren. Además, en su opinión, la aplicación de esta normativa en España no implicaría un incremento del número de centros comerciales, al menos con la crisis actual —en 2008 se batió un record de aperturas, con algo más de 13 millones de metros cuadrados nuevos, pero Aguirre Newman prevé que este año sólo se inauguren un 5% más—.
La patronal de las grandes empresas de distribución, Anged, calcula que entre sus filas hay 3.000 millones de euros de inversión bloqueada por las trabas autonómicas, además de 20.000 empleos directos que no se han podido crear por esta causa. Por ello, considera que la supresión de esta autorización "favorecerá la libre competencia; y así será el mercado, sobre todo el consumidor, el que decida qué formato cubre mejor sus necesidades".
La Confederación Española de Comercio, que representa a las pymes y autónomos del sector, no está de acuerdo con la eliminación de la segunda licencia comercial, pero sí da la "bienvenida" a la Directiva, desde el punto de vista de la simplificación de los procesos administrativos que, en opinión de su secretario general, Miguel Ángel Fraile, "son un lastre para las empresas".
Con este panorama, son muchos los que opinan que el Gobierno tiene una ardua tarea por delante. Los hay muy pesimistas, como el presidente de la AECC, para quien "a España aún le quedan muchos años por delante para ver una plena liberalización del comercio". Desde su punto de vista, la aplicación práctica de esta directiva corregirá excesos, "pero no va abrir nuevas vías", ya que, en su opinión, determinadas comunidades autónomas aprovecharán la amplitud del concepto de "interés general" que introduce la normativa europea para no cambiar su política y que las cosas sigan igual, "con el riesgo de perder una nueva oportunidad de crear el marco para el desarrollo de un comercio más competitivo", sentencia.
También tiene esta certeza David Martínez, de Aguirre Newman, quien asegura que "en muchos borradores autonómicos que se están redactando ahora, se habla de 'interés general' para limitar la concesión de licencias, y eso es muy difícil de medir". Este experto cree que "por ahí se podrían 'colar' las negativas a conceder la segunda licencia comercial".
La cuenta atrás ha empezado. ¿Será capaz España de modificar a tiempo la Ley del Comercio Minorista para que la transposición de la Directiva europea entre en vigor el 1 de enero de 2010? Según Martínez, "es casi seguro que no llegamos a cumplir las fechas", por lo que "será difícil que nos libremos de una sanción por incumplimiento". Ante la posibilidad de nuevas infracciones, el Estado amenaza con trasladar las penas que imponga la UE por el incumplimiento de la Directiva a las comunidades autónomas que la incumplan.
Pero el retraso no sólo implicará un proceso sancionador contra nuestro país, sino que se perderá la oportunidad de eliminar costes, trámites innecesarios y, por lo tanto, avanzar en la modernización y desarrollo del comercio español, advierten los expertos. ¿Todo seguirá igual?
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