Un hombre entra en un cuartel militar. Es interrogado, golpeado violentamente en múltiples ocasiones, objeto de trato inhumano y degradante, obligado a pasar horas de pie de cara a la pared con una capucha en la cabeza y a dormir en el suelo como si fuera un perro.
El suplicio dura cuatro días (hoy domingo 22 de marzo se cumplen cinco años) hasta que es trasladado a un penal de máxima seguridad, donde pasa 11 meses de su vida. Es liberado porque no existe una sola prueba contra él.
Estos hechos no pasan en una prisión estadounidense ni en la isla de Guantánamo, ni tampoco en un país dictatorial africano ni en un centro para criminales reincidentes.
Ocurren en un acuartelamiento español, exactamente en Base España de Diwaniya (Irak) entre el 22 y el 27 de marzo de 2004. La víctima se llama Flayeh al Mayali, un traductor muy conocido entre los militares y periodistas españoles.
Es, sin duda, nuestro Guantánamo particular.
Los interrogadores y los maltratadores son miembros de la Central Nacional de Inteligencia (CNI) y el objetivo de estos vergonzosos hechos es buscar un chivo expiatorio que tapone los errores cometidos por este organismo en Irak tras la caída del régimen de Sadam Hussein, cuyo resultado más tangible es el asesinato de siete agentes secretos el 29 de noviembre de 2003 en Latifiya.
El 4 de diciembre de 2003, el juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, abre una investigación judicial ante lo que define como un acto de terrorismo contra ciudadanos españoles fuera de nuestras fronteras. El 13 de febrero de 2004, apenas dos meses después, dicta un sobreseimiento temporal aunque advierte en su auto que podría reabrirse la causa en caso de aparecer nuevos datos.
El 22 de marzo, un mes y nueve días después, el traductor iraquí Flayeh al Mayali es detenido por orden del general Fulgencio Coll, máximo responsable de la Brigada Plus Ultra en Base España de Diwaniya, interrogado, acusado de ser "colaborador necesario" en el atentado, según consta en una diligencia emitida por la Asesoría Jurídica del destacamento militar, firmada por el capitán auditor Alejo de la Torre de la Calle, y trasladado cinco días después a un penal bajo responsabilidad del ejército de Estados Unidos. Ni el Ministerio de Defensa ni el CNI informan al juez Andreu de esta detención, a pesar de la gravedad de las acusaciones.
Tras pasar 11 meses encarcelado en los penales de Abu Ghraib y Um Qasar, Al Mayali es liberado sin cargos en febrero de 2005. En una entrevista publicada por Heraldo de Aragón y La Vanguardia acusa a sus interrogadores de someterle a un trato inhumano y degradante con continuos golpes, insultos y amenazas de muerte mientras una capucha cubre su cabeza durante la mayor parte del tiempo.
El ministro de Defensa, José Bono, asegura que el traductor miente e informa de que ha firmado un documento en el que reconoce el buen trato recibido. La respuesta del ciudadano iraquí es contundente: "Me obligaron a firmar unos papeles que no pude leer".
En noviembre de 2004, el CNI asegura a El País que Al Mayali "manejaba grandes sumas de dinero de origen incierto", una mentira burda, ya que el traductor había firmado entre el 15 de septiembre de 2003 y el 16 de marzo de 2004 —una semana antes de su detención— más de una decena de contratos con el ejército español valorados en casi 300.000 dólares, que le supuso unos beneficios netos de unos 70.000 dólares, según su propia estimación.
La desfachatez del CNI llega hasta el punto de acusar a Al Mayali de "jactarse ante varias personas de su intervención en la muerte de los agentes".
Todas las personas consultadas por este informador a lo largo de los últimos cinco años consideran que el CNI se inventó la acusación contra Al Mayali para imponer el olvido sobre el caso y no aclarar su propia responsabilidad en la elección de agentes secretos conocidos por la Muhabarat, la antigua policía secreta de Sadam Husein, que se había infiltrado en los grupos insurgentes y en los actuales servicios de seguridad iraquíes.
"El más grave error de mi carrera fue no sustituir a nuestros agentes en Bagdad tras la caída del régimen de Sadam Husein", reconoció en privado el diplomático Jorge Dezcallar, máximo responsable del CNI en el periodo en que se produjeron los dramáticos hechos, actual embajador de España en Estados Unidos después de una meteórica carrera en Repsol.
El evidente desinterés del PP y el PSOE, cuyos gobiernos están involucrados en la detención y la larga encarcelación del ciudadano iraquí, también impidió que se abriese una investigación en el Congreso a pesar del interés de algunos partidos minoritarios.
Otros ocho iraquíes, pertenecientes al subversivo ejército del Madhi, vinculado al imán radical Muqtada al Sader, también fueron detenidos en Diwaniya en abril de 2004 y sometidos a tratos inhumanos y degradantes.
Durante cinco años este periodista ha intentado llamar la atención sobre este caso de forma privada. El 14 de mayo de 2004 envió una carta a Roberto López, jefe de gabinete del ministro de Defensa, José Bono. Al Mayali llevaba 50 días detenido y su familia no sabía donde estaba. Tuvieron que pasar otros cuatro meses hasta que su mujer y su madre pudieran visitarlo en el penal.
En mi carta le decía: "Aunque sé que es un problema heredado del Gobierno anterior, me gustaría que usted se interesase por la situación de este prisionero y me informase de cuáles son los cargos que hay contra él". Más adelante continuaba: "No me gustaría que Al Mayali quedase olvidado en Irak tras la salida de las tropas españolas en una cárcel controlada por Estados Unidos. Sería, además, un hecho muy grave que el prisionero hubiese sido torturado o víctima de tratos inhumanos y degradantes".
Tras una triste persecución telefónica se me envió un emborronado escrito del CNI sin ningún interés.
Después de que Flayeh al Mayali fuese liberado y declarase en una entrevista que había sido sometido a un trato inhumano y degradante en Base España, escribí el 2 de marzo de 2005 una carta al presidente José Luis Rodríguez Zapatero, que le fue entregada en el aeropuerto de Zaragoza y que leyó durante su regreso a Madrid.
Después de explicarle los antecedentes le rogaba: "Tome usted las riendas de este asunto y ordene una investigación interna que aclare por qué un iraquí ha pasado 11 meses de su vida encarcelado sin que ninguna autoridad civil y militar española haya presentado cargos contra él". También le comentaba que "España podría haber violado diferentes artículos de la Convención de Ginebra (en su protocolo cuarto)".
No hubo respuesta ni acuse de recibo.
Dos días después me recibió el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, que había abierto una investigación judicial tras el asesinato de los siete agentes. A pesar de haber viajado expresamente desde Zaragoza después de que su secretaria me confirmase la cita, el juez se mostró con prisas y desinteresado desde el primer minuto. A trancas y barrancas le pude explicar lo que sabía de este caso, en apenas 15 minutos.
Aceptó que le mandase toda la documentación a su juzgado, cosa que hice el 7 de marzo de 2005. En una carta le recordaba que había dictado un sobreseimiento provisional sobre el caso aunque en su auto había advertido que lo hacía "sin perjuicio de que, de existir nuevos datos referidos a la identidad de los autores, de la naturaleza y de las circunstancias de los hechos denunciados, se puede acordar sobre la competencia de los tribunales españoles y la reapertura de las diligencias".
Le comentaba que "el Ministerio de Defensa no informó a la Audiencia Nacional de esta detención, desobedeciendo su auto de sobreseimiento, y obstaculizando la labor de la justicia".
No hubo respuesta ni acuse de recibo.
La cuarta carta se la mandé el 18 de agosto de 2006 al general Félix Sanz, el jefe del Estado Mayor de la Defensa, junto a todos los artículos publicados. Unos días antes coincidimos en un Seminario y mantuvimos una larga conversación sobre el caso. En la carta le recordaba que "había militares de uniforme entre las personas que interrogaron y maltrataron [nunca he utilizado la palabra tortura a pesar de que los hechos ocurridos en el acuartelamiento es difícil definirlos de otro modo] a Al Mayali en Diwaniya".
Le confirmaba que "el prisionero no volvió a ser interrogado durante su detención de 11 meses por ninguna autoridad civil y militar española y que ninguna misión del CNI regresó a Bagdad para seguir la investigación tras la salida de los soldados españoles en mayo de 2004". Le decía que una persona con estrecha relación con el CNI me había asegurado que "la chapuza fue monumental y que buscaron un chivo expiatorio para justificar una investigación muy deficiente".
Y al final le recordaba que este periodista "lleva más de 15 años cubriendo conflictos armados con presencia española. No encontrará en ninguno de mis escritos una sola línea de crítica gratuita. Realicé trabajos con soldados españoles en Centroamérica, Bosnia. Volé a Afganistán en enero de 2002 con el coronel Jaime Coll, retransmití en directo el ataque contra la base de Nayaf (Irak) y dediqué más tiempo a informar de que no se habían producido muertos o heridos españoles en el ataque que a describir la acción bélica. El general Luis Alejandre me felicitó personalmente por mi actitud".
No hubo respuesta aunque sí acuse de recibo.
Y por fin el 16 de agosto de 2007 envié un nuevo dossier a Javier Zaragoza, fiscal jefe de la Audiencia Nacional donde le comentaba que "me había sorprendido la pasividad del juez Fernando Andreu, encargado de la investigación de ese execrable asesinato, al que remití un dossier con todos los datos que había conseguido recopilar".
No hubo respuesta ni acuse de recibo.
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