Bruselas.- Los líderes de la Unión Europea (UE) se reúnen hoy y mañana para analizar la situación económica y consensuar su posición de cara a la próxima cumbre del G-20 en Londres, aunque ya han dejado claro que por el momento descartan adoptar nuevas medidas de impulso fiscal, como pide Estados Unidos.
La canciller alemana, Angela Merkel, cuyo país es la primera economía de la Unión, ha subrayado que, antes de acordar nuevas iniciativas, "hay que esperar a ver qué efecto han tenido las que hemos aprobado".
Merkel ha trazado, además, una línea muy clara al advertir de que sólo apoyará nuevos proyectos de inversión con cargo al presupuesto comunitario para combatir la crisis si se desarrollan en 2009 ó 2010.
El primer ministro luxemburgués y presidente del Eurogrupo, Jean-Claude Juncker, también ha rechazado que hagan falta más medidas de reactivación: "no estoy de acuerdo en contestar positivamente a la solicitud de EEUU de un segundo paquete".
Desde la Comisión Europea, su presidente, José Manuel Durao Barroso, ha instado a los veintisiete países comunitarios a concentrarse en la aplicación de las iniciativas ya pactadas y decidir más adelante si hacen falta otras adicionales.
Los mandatarios europeos insisten en que la UE ya ha hecho un esfuerzo muy cuantioso contra la crisis, que cifran en casi el 4 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) comunitario entre 2009 y 2010, incluidos los llamados estabilizadores automáticos, que reflejan el aumento del gasto público debido a la caída de la actividad, por el mayor gasto en desempleo y servicios sociales.
Los Veintisiete confían en que esa inyección de fondos sea suficiente para reactivar la economía y reducir al mínimo el coste social de la crisis.
En el plano internacional, los europeos consideran que la prioridad es acelerar la reforma del sistema financiero iniciada en la reunión del G-20 (grupo que reúne a las principales economías industrializadas y emergentes) celebrada en Washington en noviembre pasado.
En la cita de Londres -a la que acudirá el presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, aunque oficialmente España no forma parte del G-20- los socios europeos insistirán en la necesidad de reforzar el Fondo Monetario Internacional (FMI) y, en concreto, en la urgencia de doblar sus fondos para garantizar que puede acudir al rescate de los países acuciados por la crisis.
El Consejo Europeo debe decidir si respalda la propuesta de la Presidencia checa de turno de la UE de contribuir con un préstamo de entre 70.000 y 100.000 millones de euros.
Otra de las prioridades de la UE es intensificar la lucha contra los llamados "paraísos fiscales", con una nueva lista de las jurisdicciones que no colaboran en el intercambio de información, para fines fiscales, lucha contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, y la posibilidad de sancionarlos.
La presión que ejercen algunos Estados miembros -principalmente Francia y Alemania- en este terreno ha generado malestar en el Gobierno luxemburgués, que rechaza que por tener secreto bancario este país pueda ser considerado un "paraíso fiscal".
Los europeos quieren dar ejemplo en la reforma del sistema financiero y, en esa línea, la Comisión Europea ha anunciado la presentación de una serie de proposiciones legislativas para, entre otras cosas, dotar a la UE de un sistema integrado de supervisión, imponer requisitos más estrictos a la banca y las agencias de calificación de riesgos y acotar los sueldos de los ejecutivos.
Bruselas espera que los jefes de Estado y de Gobierno confirmen hoy y mañana su apoyo a estos objetivos.
Aunque la coyuntura económica y la reforma del modelo financiero son los asuntos principales de la cumbre, los líderes también tratarán en su encuentro trimestral otros asuntos.
En lo que respecta a la política energética y la lucha contra el cambio climático, los Veintisiete pretenden avanzar en la preparación de la conferencia de la ONU de diciembre en Copenhague, sin entrar de momento en discusiones sobre el "reparto de la carga".
Sobre el Tratado de Lisboa, se limitarán a escuchar al primer ministro irlandés, Brian Cowen, quien debería aclarar ya a sus socios cuándo y bajo qué condiciones podría repetirse el referéndum de ratificación del texto en su país.
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