Madrid.- Los cuatro detenidos como sospechosos del asesinato del capo del narcotráfico colombiano Leónidas Vargas en un hospital de Madrid pasaron hoy a disposición judicial, según informaron a Efe fuentes de la investigación.
La Policía española detuvo este jueves en Madrid a tres colombianos y un rumano como sospechosos del asesinato de Leónidas Vargas el pasado 8 de enero en el Hospital Doce de Octubre.
Dos de los detenidos fueron interceptados por agentes policiales cuando circulaban en un vehículo, en tanto que los otros dos fueron arrestados al salir de sus domicilios.
A los detenidos se les intervino dos pistolas y abundante munición, así como chalecos antibalas y pasamontañas.
La investigación sigue abierta y cabe la posibilidad de que haya más detenciones, según informaron fuentes policiales.
No obstante, el juez ha decretado el secreto sumarial.
Vargas, de 59 años de edad y que estaba ingresado en la planta de cardiología del Hospital Doce de Octubre de Madrid sin custodia policial recibió al menos cuatro tiros por parte de dos desconocidos que se dieron a la fuga.
Según las investigaciones, dos personas entraron en la habitación 543 que ocupaba Vargas, en la que había dos pacientes, uno de ellos dormido, y preguntaron al que estaba despierto si él era Leónidas.
Al contestar que Leónidas era la persona de la cama de al lado, sacaron una pistola con silenciador y dispararon cuatro tiros al hombre que dormía.
El narcotraficante colombiano asesinado usaba las identidades de Leónidas Vargas Vargas y de José Antonio Cortés Vaquero, con las que no tenía antecedentes en España, aunque su nombre verdadero era José Antonio Ortiz Mora, nacido en Colombia en 1948.
En julio de 2006, fue detenido a las puertas de un hotel de Madrid, cuando se disponía a viajar a la fase final del Mundial de Fútbol de Alemania, por tráfico de drogas y crimen organizado.
Estaba en posesión de un pasaporte falso venezolano y, reclamado por Colombia y EEUU, estaba en libertad bajo fianza.
La Audiencia Nacional española decretó entonces su ingreso en prisión por un delito de tráfico de estupefacientes como principal implicado en una red de narcotraficantes.
En el momento de su muerte su situación legal era de prisión provisional en domicilio y contaba con la autorización de acudir al hospital cuando fuera necesario.
La Policía española manejó entonces como principal hipótesis del crimen un ajuste de cuentas, que se vio reforzada por la aparición días después de los cadáveres acribillados de un hermano del narco y de una modelo y actriz en una localidad del suroeste de Colombia.
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