Horsham (Reino Unido).- El ministro argentino de Economía, Carlos Fernández, defendió hoy ante sus colegas del G-20 reunidos en el sur de Inglaterra "más intervención pública" y una asistencia multilateral "amplia" como elementos principales para salir de la crisis actual y volver a una senda de crecimiento.
Así lo destacó el ministerio argentino de Economía y Finanzas Públicas en un comunicado difundido al término la reunión que los ministros del G-20 y los gobernadores de los bancos centrales celebraron en un hotel a unos 70 kilómetros al sur de Londres.
En el comunicado se destacaron los planteamientos del ministro, quien destacó que "frente al fracaso de las políticas de mercado se requiere una mayor intervención pública y una asistencia multilateral financiera amplia que compense la contracción del sistema financiero mundial derivado de la excesiva liberalización".
El ministro Fernández subrayó que "la crisis, originada en los países avanzados, requiere de acciones globales que tengan en cuenta las necesidades de los países en desarrollo -responsables de una gran parte del crecimiento de los últimos cinco años- para asegurar una recuperación más rápida y sustentable".
En la línea de lo acordado por el conjunto de ministros de este grupo, que representa al 80 por ciento de la economía mundial, el representante argentino pidió "medidas concretas" y enfatizó el rol del G-20 como foro para la coordinación de acciones.
Fernández solicitó "que el FMI flexibilice fuertemente su función de prestamista para atender las necesidades de los países en desarrollo en el marco de esta crisis global".
Esto implica, expuso, "asistencia financiera flexible, amplia e inmediata, eliminando o reduciéndose al mínimo los condicionantes, con instrumentos financieros ajustados a las necesidades de los países en desarrollo (incluyendo instrumentos precautorios)".
El diseño de estos instrumentos nuevos debe garantizar "un tratamiento equitativo entre los países, evitándose una división artificial entre los países en desarrollo", una política que el FMI promovió en el pasado y que fracasó, indicó Fernández.
El ministro argumentó que aunque la primera prioridad es asegurar que el FMI cambie su función prestamista es fundamental" quela institución democratice su mecanismo de toma de decisiones "para reducir los problemas de legitimidad y eficiencia vigentes".
"Sin cambio en la estructura de toma de decisiones, con mayor representación de los países en desarrollo, la institución no estará en condiciones de reformarse y ajustarse a los requerimientos de esta nueva economía global", subrayó.
El ministro argentino propuso también ante el G-20 que se considere los méritos de una emisión de DEG (Derechos Especiales de Giro), instrumento financiero creado por el FMI para el desarrollo de sus operaciones a partir de una canasta de moneda.
"Tal emisión, que podría resultar de una decisión de la Asamblea de Gobernadores, permitiría fortalecer automáticamente las reservas de los países miembros, paliar la escasez de liquidez internacional, dar mayor espacio para acciones fiscales contra-cíclicas y generar confianza", explicó el ministro.
Esta propuesta fue compartida por Brasil China, India y Rusia.
En referencia al Banco Mundial (BM), respaldó una reforma de sus estructuras que de "mayor voz y participación a los países en desarrollo" y comentó que parte de la pérdida de legitimidad de las organizaciones nacidas de Bretton Woods "se debe al poco peso que sus clientes tienen en los procesos decisorios".
Asimismo, planteó que debe aumentarse la flexibilidad de los instrumentos del BM para lograr una mayor rapidez y efectividad en el otorgamiento de sus créditos, y que el G-20 debe apoyar a los Bancos Multilaterales de Desarrollo para que eleven al máximo posible su asistencia financiera.
En ese sentido remarcó "la necesidad de aumentar la base de capital del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para adecuar la disponibilidad de fondos dada la creciente demanda de financiación".
Por último, Fernández reiteró la importancia de "supervisar la función de las calificadoras de riesgo y la necesidad de combatir coordinadamente los paraísos fiscales".
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