Nueva Delhi.- El opositor Nawaz Sharif instó hoy a los paquistaníes a retar al Gobierno "caduco" del Partido Popular de Pakistán (PPP) sumándose a la "larga marcha" de abogados y activistas políticos que mañana pretende salir de la sureña Karachi camino de Islamabad.
Pese a los centenares de arrestos preventivos efectuados hoy y a la prohibición anunciada por las autoridades de las provincias por las que ha de transcurrir la marcha, que empieza en la de Sindh y cruza la de Punjab camino de la capital, Sharif llamó a los paquistaníes a "cambiar el destino" de su nación.
"Hoy es un momento decisivo para la Historia de Pakistán. Podemos cambiar el destino de este país. Pakistán se halla en una encrucijada y es nuestro deber salvarlo", declaró Sharif en un mitin ante miles de personas en la norteña Abbottabad, según las cadenas de televisión paquistaníes.
Ex primer ministro y líder de la Liga Musulmana-N (PML-N), Sharif ha pasado a hacer oposición frontal al Ejecutivo del PPP tras una breve coalición después de los comicios de febrero de 2008, que supusieron el fin del régimen de Pervez Musharraf.
El giro de Sharif llega en momentos difíciles para el Gobierno, en crisis con la India tras el atentado de Bombay (noviembre de 2008) y agobiado por el empuje de la insurgencia talibán en el norte del país y la frontera afgana.
'Queremos cambiar este sistema caduco, que representa un peligro para nuestra existencia y ellos quieren acusarme de sedición", declaró Sharif, en alusión a una advertencia del Gobierno esta semana si perseveraba en su convocatoria de protestas.
En un intento de evitar las manifestaciones, las fuerzas de seguridad efectuaron desde la madrugada cientos de arrestos de abogados y de activistas de la Liga-N y otros partidos menores convocantes de la marcha.
El secretario de Interior de Punjab, Rao Iftikahr Ahmad, citado por la agencia estatal APP, dijo en rueda de prensa en Lahore que 300 personas que "representaban un peligro" para la población han sido arrestadas en esa provincia, feudo electoral de la PML-N.
Según Dawn TV, fuentes de la PML-N cifraron en 22 el número de sus activistas arrestados en Sindh, la provincia con más apoyos para el PPP.
Ahmad descartó que el Gobierno planee detener a Sharif y su hermano Shahbaz, como había asegurado el canal Geo TV citando órdenes cursadas a la Policía, aunque añadió que la decisión al respecto se tomará "a la vista de las circunstancias".
Según Ahmad, las autoridades han decidido prohibir todo tipo de manifestación, recurriendo a una normativa que castiga su violación con hasta seis meses de cárcel, como "medida de precaución" dada la "tensa" situación de seguridad.
El secretario punjabí negó que el Ejército haya sido desplegado en vísperas de la marcha y precisó que sólo los "rangers" o paramilitares han sido puestos en estado de alerta.
"Yo les pregunté (al Gobierno): ¿puede esta ley detener la marea de gente?", dijo Sharif en el mitin en alusión a las decenas de miles de personas que la Liga espera movilizar.
La PML-N exige al Gobierno la restauración de los jueces a los que Musharraf expulsó durante el estado de excepción de noviembre a diciembre de 2007, entre ellos el presidente del Supremo Iftikhar Chaudhry.
El Ejecutivo ha rehabilitado a muchos de ellos, pero no a Chaudhry, y lo ha hecho ampliando la composición de las cortes, sin retirar a los que juraron su cargo durante la excepción.
El Supremo emitió recientemente un veredicto que invalidó a los hermanos Sharif para ostentar cargos públicos por tener condenas judiciales, lo que supuso la disolución del Gobierno de Shahbaz Sharif en Punjab.
Entre los detenidos hoy se encuentran uno de los líderes de la PML-N, Raja Zafar-ul-Haq, que está bajo arresto domiciliario, así como cuatro jueces que acudieron anoche a visitar al depuesto Chaudhry en su residencia de Islamabad.
"Llegaremos a Islamabad a toda costa", aseguró el presidente de la Asociación de Abogados del Tribunal Supremo, Aitzaz Ahsan.
En un comunicado, la Comisión de Derechos Humanos de Pakistán (HRCP) condenó la "ola de arrestos indiscriminados" y acusó al Gobierno de recurrir a "métodos dictatoriales".
"La acción del Gobierno es antidemocrática, contraproducente y sólo servirá para alimentar la confrontación", advirtió la HRCP.
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