Madrid.- La ponencia encargada de negociar en el Congreso las enmiendas al Estatuto de Castilla-La Mancha se constituirá mañana, en un momento en el que las discrepancias entre el PSOE y el PP ponen en riesgo la posibilidad de llegar a un acuerdo.
De hecho, los portavoces del PSOE y del PP en el Congreso, José Antonio Alonso y Soraya Sáenz de Santamaría, respectivamente, se han reprochado hoy mismo la falta de voluntad para consensuar las enmiendas.
Alonso ha acusado a la dirección del PP de intentar "escurrir el bulto" en este asunto, y Sáenz de Santamaría le ha reprochado que "siempre" tenga "tentaciones" de culpar a los demás del bloqueo en las negociaciones.
Arturo García Tizón y Carlos Floriano serán los ponentes del grupo parlamentario popular en la Comisión Constitucional, y Ramón Jáuregui, Alejandro Alonso y Jesús Quijano, los del PSOE, según han confirmado a Efe fuentes de ambos partidos.
La ratificación de la ponencia en el Congreso es el primer paso para que los diputados integrantes de la misma puedan comenzar a estudiar y negociar las modificaciones propuestas al texto que en su día fue aprobado por el Parlamento castellano-manchego.
Sus labores, como es práctica habitual en la tramitación de las iniciativas legislativas, se llevarán a cabo a puerta cerrada, siguiendo un calendario que deberá ser pactado.
Pese a las siete prórrogas de los plazos de presentación de enmiendas decididas por la Mesa del Congreso, los grupos del PSOE y PP no han conseguido ponerse de acuerdo sobre los cambios al articulado del nuevo Estatuto, debido a la consideración que da al trasvase Tajo-Segura.
La política hidráulica pone en riesgo el acuerdo de los grupos mayoritarios en torno a un texto que fue el único de los tramitados hasta ahora que llegó a las Cortes Generales con el respaldo unánime del Parlamento de origen.
De hecho, desde que se presentaran las enmiendas el pasado 10 de febrero ha sido constante el cruce de acusaciones entre socialistas y populares de la comunidad proponente, que se han sumado al habitual enfrentamiento entre los Gobiernos de Castilla-La Mancha, Murcia y Comunidad Valenciana por este asunto.
El PSOE propone que el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha incluya una reserva de 600 hectómetros cúbicos "no trasvasables" en la cuenca del Tajo y plantea que sólo en el preámbulo aparezca 2015 como la fecha en la que, para las Cortes de Castilla-La Mancha, llegaría "la extinción del trasvase".
Entre tanto, el PP ha incluido en sus enmiendas al Estatuto de Castilla-La Mancha una alusión a la fecha de 2015, pero sin mencionar el final del trasvase Tajo-Segura, y plantea que el Estado debe garantizar las necesidades de agua de Castilla-La Mancha, que cifra en 600 hectómetros cúbicos.
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