Caracas.- El presidente venezolano, Hugo Chávez, reavivó esta semana, con un nuevo impulso tras ganar el referendo sobre la reelección indefinida, el proceso nacionalizador que inició en 2007 en nombre de su "revolución bolivariana".
Chávez lanzó en enero de 2007, a raíz de su victoria con amplia mayoría en las presidenciales del mes anterior, un plan de nacionalizaciones de "sectores estratégicos" como el petróleo, la electricidad y la telefonía, tras acordar indemnizaciones o alcanzar acuerdos de compraventa.
En febrero de 2007, el Gobierno venezolano concretó la compra a la estadounidense AES de la Electricidad de Caracas por un monto de cerca de 740.000 millones de dólares, con el objetivo de tener el control de "todo el sector eléctrico".
Posteriormente, alcanzó un convenio para la adquisición de la telefónica CANTV, la mayor del país, con su mayor accionista, la también estadounidense Verizon, a quien pagó 572 millones de dólares por su 28 por ciento accionarial.
El sector del petróleo, del cual Venezuela es el quinto exportador mundial, tampoco ha permanecido indemne y el 1 de mayo de 2007 "Petróleos de Venezuela SA" (PDVSA) -estatal desde hace unos 30 años- tomó simbólicamente el control de los campos de la rica Faja del Orinoco.
Dicha maniobra se produjo luego de llegar a un acuerdo de creación de empresas mixtas cuyo control accionarial mayoritario pasó a manos del Estado.
Las petroleras privadas que trabajaban en la Faja del Orinoco, donde se desarrolla un proceso de certificación internacional de las reservas petroleras -calculadas en 316.000 millones de barriles y que serían las mayores del mundo-, migraron a un régimen contractual en el que el Estado venezolano controla el 60 por ciento.
De las doce trasnacionales presentes, sólo las estadounidenses Conoco-Phillips y ExxonMobil rechazaron las nuevas condiciones de asociación con la petrolera estatal, por lo que abandonaron la Faja y se encuentran en proceso de arbitraje internacional.
El siguiente sector en el punto de mira de las nacionalizaciones fue el siderúrgico, cuando el mandatario venezolano ordenó la compra de la Siderúrgica del Orinoco (Sidor), una de las mayores de la región, en manos del grupo italo-argentino Techint.
Tras diversas controversias, el Gobierno tomó el control de la empresa, aunque no se ha llegado aún a un acuerdo definitivo con los antiguos propietarios.
A mediados de 2008, Chávez anunció su incursión en el sector financiero al declarar que iba a comprar el Banco de Venezuela, filial del español Grupo Santander.
La negociación, no obstante, ha quedado congelada, según informaciones periodísticas no confirmadas oficialmente, debido a las turbulencias de la crisis global de la economía y el fuerte descenso del precio del petróleo, principal y casi único ingreso del país caribeño.
En 2008 también le llegó el turno al sector cementero con la nacionalización de las plantas de la mexicana Cemex en Venezuela, con la que aún no se ha llegado a un acuerdo, y las de la suiza Holcim y la francesa Lafarge, a las que pagó 267 y 552 millones de dólares, respectivamente.
Luego de su triunfo en el referendo de febrero, que le permitirá presentarse a un nuevo mandato presidencial en 2012, Chávez reactivó el proyecto nacionalizador con la intervención esta semana de una planta arrocera de la trasnacional estadounidense Cargill.
Además, ordenó expropiar 1.500 hectáreas de tierra propiedad de la irlandesa Smurfit Kappa Group, productora de papel, "para sembrar caraotas (fríjoles) maíz, sorgo, yuca, ñame".
El jefe de Estado venezolano también amenazó a la empresa Polar, la principal compañía alimenticia del país y cuya planta arrocera en Guárico fue intervenida temporalmente por el Gobierno, con la expropiación si no se atenía a las leyes.
"¡No me va a temblar el pulso!", dijo.
Chávez enmarca estas acciones dentro de su "revolución socialista agraria", que incluye la "transformación de la estructura de la propiedad de la tierra".
El gobernante, que ha declarado reiteradamente su "guerra a muerte" al latifundio, inició en 2001 la intervención de terrenos ociosos, con la promulgación de la Ley de Tierras.
Una vez intervenidas las tierras improductivas de más de 5.000 hectáreas, consideradas ociosas por la legislación, son repartidas entre los campesinos para que las exploten como "empresas de producción social, dentro del llamado "socialismo del siglo XXI".
Desde la oposición, el presidente de la patronal Fedecámaras, José Manuel González, calificó estas políticas de "atropellos a la propiedad privada" y pronosticó un "desabastecimiento" causado por el control de precios implementado por el Gobierno en el 2003.
No se puede obligar "a nadie a producir a pérdida", dijo González, quien consideró que estas medidas hacen a los venezolanos "más dependientes de las importaciones".
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