Bogotá.- Las autoridades colombianas suspenderán las órdenes de detención y concederán la libertad condicional a los guerrilleros que deserten y entreguen secuestrados, de acuerdo a un decreto, cuyo contenido se conoció hoy y que entró en vigor el pasado 27 de febrero.
La norma, que comenzó a promover el presidente colombiano, Álvaro Uribe, a finales del año pasado, recoge ofertas a desertores que entreguen secuestrados, bajo la condición de que los beneficiarios asuman el compromiso de actuar como "gestores de paz".
Uribe comenzó a plantear en detalle estos beneficios el pasado octubre, luego de que un guerrillero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) desertara y huyera con Óscar Tulio Lizcano, un ex congresista que formaba parte del grupo de rehenes con fines de canje por más de medio millar de rebeldes presos.
Junto a su novia, también desertora de las FARC, ese rebelde, conocido con el alias de "Isaza", fue acogido por el Gobierno de Francia, adonde viajó semanas después tras recibir una recompensa en dinero.
Las garantías quedaron formalizadas en un decreto firmado el pasado 27 de febrero por el ministro del Interior y de Justicia, Fabio Valencia, y cuyo sentido fue anticipado el martes por el alto comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo.
La disposición establece que, en virtud de acuerdos humanitarios, el Gobierno "podrá solicitar a las autoridades competentes la suspensión de las órdenes de captura en contra de miembros de grupos armados al margen de la ley".
Sin embargo, aclaró que "la solicitud no conlleva la suspensión del proceso penal" y que en el caso de que esta causa "se ponga en riesgo", las mismas autoridades pedirán a las "judiciales competentes la reactivación de las órdenes de captura o medidas de aseguramiento".
La misma norma también advierte de que el rebelde que pueda recibir los beneficios debe expresar "a las autoridades su voluntad de renunciar a toda actividad ilegal, de reincorporarse a la vida civil y de colaborar con la Justicia".
En otro de sus apartados, el decreto abre las puertas a estas garantías a los insurgentes presos que "expresen su voluntad de paz y de contribuir a la aplicación efectiva del Derecho Internacional Humanitario".
Estos detenidos recibirán las medidas y condiciones que les faciliten su tarea, entre ellas la libertad condicional.
La disposición explica que "para todos los efectos legales, se entiende como el acuerdo humanitario (...), cuando la persona pone en libertad al secuestrado y se desmoviliza".
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