MADRID.- El ex alcalde de Boadilla del Monte Arturo González Panero, del PP, se negó hoy a declarar ante el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón hasta conocer de forma definitiva cuál será el tribunal encargado de instruir la causa en la que se investiga la supuesta trama de corrupción desarticulada a través de la conocida como 'Operación Gürtel', informó hoy su abogada, María Ramírez.
Tras conocer su decisión de acogerse a su derecho constitucional a no prestar declaración dada su condición de imputado, el juez le dejó en libertad pero con la obligación de comparecer una vez a la semana en el juzgado más próximo a su domicilio, tal y como reclamaron las fiscales anticorrupción Concha Sabadell y Miriam Segura.
La abogada del ex alcalde acusó a Garzón de imponer las medidas cautelares "como represalia" a la negativa de su representado a ser interrogado y denunció además que "nadie puede asegurar el secreto sumarial, ya que se han producido muchas filtraciones".
El ex primer edil acudió el pasado 1 de febrero a la Audiencia Nacional para declarar de manera voluntaria ante el juez antes de conocer su imputación. En ese sentido, explicó hoy su cambio de postura alegando que "no hay nadie que pueda asegurar qué tribunal va a tener la competencia de la causa dentro de 48 horas".
"Vine a declarar cuando Garzón tenía la competencia, hoy no sabemos sobre quién va a recaer esa competencia, estaré encantado de declarar ante Garzón o ante quien sea, pero cuando se sepa la competencia", declaró González Panero a su salida de la Audiencia Nacional.
CUATRO ARCHIVADORES
Debido a su decisión de no declarar, el ex dirigente del PP no entregó finalmente al juez un total de cuatro archivadores con numerosa información sobre la causa con los que llegó esta mañana a estas dependencias judiciales.
La decisión de Garzón de inhibirse de la investigación se producirá después de que reciba un escrito de la Fiscalía Anticorrupción en respuesta a la pregunta del magistrado sobre la procedencia de inhibirse o no a favor del Tribunal Supremo debido a la presencia de varios aforados que podrían estar implicados en la trama.
El juez ya anunció además en autos anteriores su intención de remitir la causa a los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid y Valencia por la presencia también de diputados autonómicos o miembros de los gobiernos regionales de estas dos comunidades en la causa.
En cuanto al otro ex alcalde madrileño interrogado hoy, el ex edil de Majadahonda Guillermo Ortega, el juez le dejó tras una hora de declaración en libertad sin la imposición de medidas cautelares.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 adoptó esta decisión después de que las fiscales anticorrupción Miriam Segura y Concha Sabadell desestimaran solicitar la imposición de comparecencias para el ex regidor, que continúa imputado por los delitos de fraude fiscal, cohecho, tráfico de influencias y blanqueo de capitales.
Por los mismos delitos Garzón también interrogó durante la mañana de hoy al empresario José Luis Ulibarri, al también imputado Pablo Ignacio Gallo Alcántara, a Carlos Ignacio Hernández Montiel y a un empleado del bufete de abogados Blanco-Guillamot, que eludieron en su totalidad el ingreso en prisión.
TRES PRISIONES Y 27 LIBERTADES
Desde que comenzó la instrucción, el juez Garzón ha decretado la prisión de los tres presuntos cabecillas de la trama: el empresario Francisco Correa, que, según el juez, aprovechaba sus contactos para obtener contratos y adjudicaciones en administraciones del PP de Madrid y Valencia; Pablo Crespo, encargado de la dirección de las empresas del grupo; y Antoine Sánchez, primo de Correa y supuesto encargado del blanqueo de los capitales obtenidos por la organización.
Otros 27 de los 37 imputados, incluidos los seis citados hoy, han quedado en libertad sin medidas cautelares o con comparecencias semanales o mensuales. Las tres primeras fueron la mujer de Correa, Carmen Rodríguez Quijano; Felisa Jordán, administradora única de las empresas de la trama Good and Better y Easy Concept; y Carmen Luis Cerezo.
El juez también ha dejado en libertad al presidente de Orange Market, Álvaro Pérez, 'el Bigotes'; el consejero delegado de esta empresa, Cándido Herrero; el financiero de Correa, José Luis Izquierdo; su chófer, Andrés Bernabé; Jacobo Gordon, ex socio de Alejandro Agag; y Ramón Blanco Balín, ex vicepresidente de Repsol.
También han eludido a la cárcel tras comparecer ante el juez Mónica Magariños Pérez, apoderada de Orange Market, filial valenciana de Special Events; Joaquín García Mármol, responsable de Special Events; y Guillermo García Coello, vinculado a Easy Concept y Pasadena Viajes; Antonio Herrera González, vecino de Correa; David Luis Cerezo y Paula Seco de Herrera López.
Los seis últimos imputados en quedar libres, ayer mismo, fueron Guillermo Martínez Lluch, Manuel Delgado, Jesús Calvo Soria, el abogado Manuel Delgado, un empleado de su bufete --José Antonio López, 'Pepechu'-- y el hermano de Álvaro Pérez, 'El Bigotes', Francisco Javier Pérez Alonso.
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