Bogotá.- Colombia es el país más afectado por las minas antipersonales con 7.451 víctimas desde 1990, informó hoy el director del Programa Presidencial para la Acción Integral contra las Minas Antipersonales (Paicma), Andrés Dávila.
El funcionario difundió estos datos en el marco de la presentación en Bogotá de la II Conferencia de Revisión de la Convención de Ottawa, que se celebrará en Cartagena de Indias entre el 30 de noviembre y 4 de diciembre próximo, y en la que se revisará el reto de limpiar el territorio colombiano de esos explosivos.
Durante el acto, que coincidió con el décimo aniversario de la Convención de Ottawa, que prohibió las minas antipersonales, Dávila aclaró que de los 7.451 afectados, un total de 1.640 murieron.
Esos datos revelan que Colombia es el país con el mayor número de víctimas al año por efecto de dichas minas y que dos personas caen cada día en campos minados.
La mayoría de las víctimas son militares y el 34 por ciento son civiles, de los cuales el 28 por ciento son niños y el 15 por ciento son mujeres.
El Paicma confirmó que en 31 de los 32 departamentos colombianos hay minas enterradas.
Este organismo, dependiente de la Vicepresidencia de Colombia, reconoció, además, que el número de víctimas ha aumentado en Colombia desde 2005, motivo por el que el Gobierno aprobó una Política de Acción Integral contra Minas Antipersonal, Municiones sin Explotar y Artefactos Explosivos Improvisados.
Esa política presenta un plan de acción que deberán ejecutar distintas entidades en el periodo 2009-2012.
El reto es "la destrucción de esos arsenales", señaló Dávila.
Por su lado, el ministro de Defensa Juan Manuel Santos manifestó que, en cumplimiento con la Convención de Ottawa, Colombia destruyó, en un proceso que concluyó en octubre de 2004, todos los equipos para producir esos artefactos, así como las 19.000 minas almacenadas en los depósitos de las Fuerzas Militares.
Santos señaló que también se acabó con 14 de los 34 campos minados bajo jurisdicción militar que se destinaban a proteger bases y centros de comunicaciones, y señaló que ese minucioso proceso terminará antes de 2011.
En un acto paralelo con motivo del décimo aniversario de la Convención de Ottawa, también en Bogotá, la directora de la Campaña Internacional para la Prohibición de Minas Antipersonales (ICBL), la francesa Sylvie Brigot, resaltó el compromiso y los progresos del Gobierno colombiano para erradicar estos explosivos, pero advirtió de que "queda mucho por hacer".
En declaraciones a Efe, Brigot dijo que "el Gobierno está muy involucrado, pues hay un programa presidencial", pero "se necesita concretar acciones".
La prioridad debe ser "el desminado humanitario de las áreas civiles", pues las experiencias internacionales muestran que es "posible hacerlo incluso en situaciones de conflicto", agregó.
Asimismo, consideró que "la experiencia también muestra que es importante intentar lograr el acuerdo previo de las partes en conflicto".
Brigot dijo que Colombia afronta un gran desafío en el cumplimiento de las obligaciones contempladas en la Convención de Ottawa, así como "una gran responsabilidad para encontrar formas de proteger a su población civil y garantizar sus derechos fundamentales a la vida y a la integridad física".
Aún así, se mostró confiada en que Colombia, como anfitrión de la Conferencia de Revisión de la Convención, aprovechará para mejorar las condiciones de vida de quienes viven en zonas sembradas de minas.
La experta francesa puntualizó que también hay minas en Perú, Ecuador, Venezuela, Nicaragua y El Salvador, pero "Colombia es el país que presenta las mayores dificultades y el problema más agudo".
El vicepresidente de Colombia, Francisco Santos, fue hoy el invitado de honor en la ceremonia de conmemoración de los diez años de la Convención celebrada en Ginebra.
Santos señaló que la Conferencia de Cartagena "servirá para reforzar el compromiso internacional de terminar completamente con las minas antipersonales".
Además de los campos minados por el Ejército, en Colombia la siembra de este tipo de explosivos se lleva a cabo por parte de grupos guerrilleros, entre ellos las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
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