Quito.- Al cumplirse un año del bombardeo colombiano sobre un campamento clandestino de las FARC en la zona ecuatoriana de Angostura, las dudas y la desconfianza permanecen entre los Gobiernos de Quito y Bogotá, que no logran encontrar puntos de acercamiento.
El canciller ecuatoriano, Fander Falconí, fue enfático en señalar hoy, en una rueda de prensa, que las relaciones diplomáticas con Colombia, rotas a raíz de esa operación, seguirán de esa forma si el Gobierno de Bogotá no cumple con cinco requisitos mínimos exigidos por Quito.
Reiteró que Ecuador exige que Colombia refuerce la presencia militar en su lado de la frontera, donde existe una gran presencia de la guerrilla y grupos paramilitares, así como cesar en la campaña que intenta relacionar al Gobierno ecuatoriano con las FARC.
Además, exige a Bogotá que indemnice a la familia del ecuatoriano Franklin Aisalla, también fallecido en el ataque, que se entregue información precisa sobre la operación y que aporte recursos para atender a miles de colombianos que han buscado refugio en Ecuador, al huir de la violencia en su país.
Si Colombia no acepta esos requisitos, que para Falconí son "cumplibles" por parte del Ejecutivo colombiano, las relaciones diplomáticas continuarán rotas.
De su lado, el ministro de Defensa ecuatoriano, Javier Ponce, dijo que las Fuerzas Armadas de su país están en "capacidad de garantizar" que no vuelva a ocurrir en territorio nacional un ataque parecido al de Angostura, pero remarcó que ello también depende de que Colombia lo evite.
Según Ponce, el ataque en Angostura es injustificable y rechazó unas últimas declaraciones de su homólogo colombiano, Juan Manuel Santos, de que las relaciones entre los dos países podrían reanudarse "cuando Ecuador lo quiera".
El ministro de Defensa rechazó también las versiones de prensa colombianas que advierten de una supuesta presencia de jefes guerrilleros, que supuestamente viven en territorio ecuatoriano.
"No tenemos ninguna prueba fehaciente de esa presencia", comentó Ponce, aunque dijo que las unidades de Inteligencia de su país han informado de que sospechan que en algún momento anterior, alguno de esos rebeldes pudo ingresar en Ecuador.
De su lado, el ministro coordinador de Seguridad Interna y Externa, Miguel Carvajal, aseguró que el conflicto colombiano ha afectado a su país, especialmente a la zona fronteriza de más de 600 kilómetros de extensión.
Aseguró que en la zona fronteriza existe "un conjunto de relaciones económicas que actúan de manera ilegal", como el tráfico de armas o de drogas, que "están relacionadas con la presencia de cultivos de coca en el lado colombiano".
Por ello, Carvajal aseguró que el Gobierno ecuatoriano, que ha invertido en los últimos dos años unos 400 millones de dólares en la zona fronteriza, para mejorar las condiciones de vida y de seguridad en la región, ha decidido reforzar la presencia del Estado a lo largo de la divisoria.
Asimismo, destacó el "enorme esfuerzo" que hace Ecuador para brindar asistencia y protección a los colombianos que cruzan la frontera en busca de refugio.
Carvajal destacó un censo o "registro ampliado" de colombianos que viven en la zona fronteriza, que permitirá extender el estatus de refugio a 50.000 personas, de los casi 20.000 que actualmente gozan de ese derecho.
El ministro de Seguridad aceptó que, a un año de lo de Angostura, aún quedan "algunas preguntas y dudas", que el Gobierno ecuatoriano todavía investiga.
Se preguntó, por ejemplo, por qué un jefe del servicio de Inteligencia de la Policía de su país, Manuel Silva, fue a Bogotá a conversar con agentes de Inteligencia de Colombia, entre el 27 y 28 de febrero del año pasado, pocas horas después del ataque.
"Cabe también preguntarnos quienes operaron y de que nacionalidad eran los aparatos (aviones) que arrojaron las diez bombas en Angostura con precisión milimétrica".
"Existen muchas preguntas, muchas dudas, que evidentemente el Estado ecuatoriano trabaja para resolverlas", subrayó Carvajal.
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