Bruselas.- La Comisión Europea animó hoy a los Veintisiete a liberar a los bancos de los activos dañados y, aunque subrayó que cada país debe elegir el método que más le convenga, estimó que la creación de "bancos malos" puede ser una solución efectiva para restaurar la confianza financiera.
"Sin un sistema financiero sólido el crédito a la economía real seguirá reduciéndose y la recuperación económica será más difícil", advirtió el responsable europeo de Asuntos Económicos y Monetarios, Joaquín Almunia.
El ejecutivo de la UE sabe que cualquier mecanismo para aliviar a las entidades del peso de los activos dañados -en su mayoría, productos estructurados y créditos dudosos, que no son líquidos porque no hay comprador que los quiera- implica la concesión de ayudas públicas y la distorsión de la competencia.
Por eso y para evitar que los Estados miembros empiecen a adoptar medidas sin coordinar, Bruselas presentó hoy unos principios comunes que regularán esas intervenciones y reducirán los daños a la competencia, en especial a las entidades que no requieren ayuda.
Entre las opciones disponibles destaca la segregación de los activos problemáticos en un "banco malo" -bien para cada entidad o para el conjunto de las entidades con problemas de un país-, cuyas pérdidas serían compartidas por el Estado y cada banco.
El Gobierno podría ir todavía más allá y crear una entidad nueva, que adquiriría los activos dañados permitiendo a los bancos retomar su actividad sin esa carga.
Bruselas señala que puede ser necesaria la nacionalización previa de las entidades en peor situación, para luego proceder a la separación de activos sanos y dañados.
Otra alternativa es que el Gobierno asegure a los bancos contra las pérdidas asociadas a los activos dañados, aunque la Comisión incide en que esta vía es más complicada, por la dificultad de asegurar activos heterogéneos y muy repartidos, y puede ser menos efectiva que la separación total de los activos problemáticos.
El ejecutivo de la UE no quiso hoy hacer una estimación del peso de los activos dañados en los bancos europeos, pero recalcó que suponen un problema grave y advirtió de que esta nueva fase de asistencia al sector puede tener un coste muy elevado.
Como primer requisito para poner en marcha cualquiera de estos mecanismos, Bruselas dejó hoy claro que las entidades financieras deben informar con claridad del peso en sus balances de los activos dañados -que les van a generar pérdidas, debido a su fuerte devaluación-.
Sobre el tipo de activos que pueden incluirse en estos programas, la Comisión apuntó que los países pueden limitarse a los denominados "tóxicos" (bonos asociados a las hipotecas "subprime" y otros productos estructurados que están en la raíz de la crisis financiera), aunque aconsejó un enfoque más flexible, adaptado a la situación de cada país y entidad.
Los gobiernos tendrán que notificar a Bruselas los esquemas que pongan en marcha, y también las operaciones individuales sobre cada entidad, que deberán ir acompañadas de un plan de reestructuración o viabilidad.
El ejecutivo comunitario propone que los países den a los bancos un plazo máximo de seis meses para acogerse a las ayudas, para incentivarles a aclarar su situación con rapidez y contribuir a la normalización del sector.
Sea cual sea la solución escogida, habrá que garantizar que las entidades cargan con una parte importante de los costes, igual que se está haciendo con las operaciones de recapitalización y los avales bancarios -que las entidades deben devolver a precios de mercado-.
Además, la obtención de asistencia pública implicará obligaciones para las entidades, que no podrán usar la ayuda para expandirse y tendrán que comprometerse a retomar la concesión de créditos.
Podrán incluirse, asimismo, limitaciones a la distribución de dividendos y en la remuneración de los directivos.
En cuanto a la evaluación de los activos, el Ejecutivo de la UE se inclina por contabilizarlos en función de su valor actual de mercado, que en algunos casos puede ser nulo, aunque admite que, para que el sistema sea efectivo, habrá que fijar un precio por encima, a partir del análisis de expertos independientes y con la ayuda de los supervisores.
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