Madrid.- Los grupos del Congreso han dado hoy los primeros pasos para tratar de reducir en alguna medida las llamadas "vacaciones parlamentarias", es decir los períodos sin actividad ordinaria en la Cámara de los meses de enero y julio, que vienen determinados por lo establecido al respecto en la Constitución.
La propuesta ha partido del grupo parlamentario popular, cuya portavoz, Soraya Sáenz de Santamaría, ha invitado a las demás fuerzas políticas a la búsqueda de alguna fórmula para lo que ella denomina "normalizar" la actividad en el Congreso, donde no hay plenos ordinarios ni comisiones en enero, en julio y en agosto.
Planteada formalmente la cuestión en la Junta de Portavoces celebrada esta mañana, todos los grupos han acordado encargar a los servicios jurídicos de la Cámara la elaboración de un dictamen que recoja las posibilidades para aumentar la actividad de los diputados tanto en enero como en julio, respetando agosto como mes inhábil.
La propia Sáenz de Santamaría ha reconocido que los cambios que el PP demanda podrían obligar una reforma de la Constitución, aunque también es posible abordarlos únicamente con un cambio del Reglamento de la Cámara e incluso por un simple acuerdo político.
En este sentido, el portavoz socialista, José Antonio Alonso, propone "sistematizar" las reuniones de la Diputación Permanente -el órgano facultado en los períodos inhábiles para convocar plenos y comisiones extraordinarias- que tienen lugar a instancias de los grupos parlamentarios.
Para ello, los grupos podrán hacer comentarios o aportaciones al contenido del informe que preparen los servicios jurídicos y que según Alonso deberá determinar si es preciso reformar el Reglamento.
En rueda de prensa, el diputado de CiU Josep Sánchez Llibre ha dicho que su grupo no se opone a ampliar la labor parlamentaria porque, de hecho, sus diputados no cesan su actividad durante los periodos inhábiles y "a trabajar nadie nos va a ganar".
Joan Ridao, portavoz de ERC, se ha mostrado de acuerdo en habilitar enero y julio, entre otras cosas porque así se evitaría el "mal uso" que, a su juicio, se hace actualmente de la Diputación Permanente por parte de los grupos que fuerzan su convocatoria.
Tanto Sánchez Llibre como Ridao han coincidido en que si se abre el debate sobre la reforma del Reglamento, debería aprovecharse para permitir el uso de las lenguas cooficiales en la Cámara Baja.
Sobre esta cuestión, el portavoz socialista ha dejado claro que el castellano es la lengua que "constitucional y reglamentariamente" se debe utilizar en el Congreso y ha marcado distancia respecto a la opinión de ERC, que reivindica su derecho a emplear el catalán.
Izquierda Unida, a través de su diputado Gaspar Llamazares, también se ha mostrado de acuerdo con que se estudie habilitar los meses de enero y julio aunque no haya "mucho margen de maniobra".
Otra cosa es -y ha pedido que así se haga- que se regularice lo que ya se hace en la práctica, es decir las convocatorias de la Diputación Permanente donde están representadas proporcionalmente todas las fuerzas políticas.
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